POR UN PRESUPUESTO PROVINCIAL QUE GARANTICE DERECHOS LABORALES, SALARIALES y SOCIALES

2007-03-14T14:22:32Z

Los trabajadores organizados en la CTA, sostenemos que un proceso participativo en la elaboración del presupuesto, junto con un incremento de la recaudación provincial, a través de una reforma impositiva provincial de carácter progresivo y la modificación del sistema de coparticipación Federal de impuestos, incidirán en forma decisiva en la actividad económica, impulsando el crecimiento y la distribución del ingreso.

Hace ya varios años, que la CTA de la Provincia de Buenos Aires, viene posicionándose a través de distintas iniciativas, en torno del Presupuesto General Provincial. Se han construido diversas propuestas que implican participación de los distintos sectores sociales, redistribución de la riqueza y un rol del estado con mayor incidencia en la resolución de las problemáticas y necesidades de las mayorías.

En reiteradas oportunidades, expresamos como demanda de acciones gubernamentales prioritarias: la decisión política de generar una mayor inversión y una reasignación de partidas presupuestarias en políticas públicas universales destinadas a áreas vitales para la dignificación de la vida de nuestro pueblo: salud, educación, justicia, niñez y adolescencia, políticas sociales, trabajo, etc.

Asimismo consideramos central que el Presupuesto se constituya en una herramienta política que fortalezca la participación democrática de los trabajadores y las organizaciones de la comunidad, para incidir en un proceso de planificación económica y social provincial que atienda y resuelva necesidades y derechos de nuestro pueblo.

PRESUPUESTO PROVINCIAL
CRISIS ECONÓMICA PERMANENTE O DISTRIBUCIÓN JUSTA DEL INGRESO
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En noviembre del 2006 presentamos un documento propio con propuestas para la elaboración de un presupuesto social y participativo, y realizamos un análisis del presupuesto 2007, en el que planteamos nuestras divergencias sobre la asignación de partidas y la ausencia de las propuestas de los trabajadores y sus organizaciones. Señalamos que las partidas presupuestarias no atendían las demandas salariales de los trabajadores, ni las políticas públicas expresaban el conjunto de las necesidades populares. Anticipamos que el estado provincial estaba entrando en un proceso de crisis financiera permanente.

La lucha de los trabajadores de la educación, desarrollada entre fines del 2006 y comienzos del 2007, visibilizó lo que habíamos anunciado en nuestros análisis, las partidas destinadas a los aumentos salariales de todos los trabajadores estatales no consideraban las demandas planteadas en el segundo semestre del 2006. En términos de políticas salariales, se asignaban nada más que 600 millones de pesos en el presupuesto pcial., cuando, sólo los reclamos docentes superaban los 1000 millones.
La movilización de los trabajadores forzó la discusión salarial en distintos sectores del Estado, y aceleró la discusión sobre la necesaria reforma tributaria. Si bien el impuesto a la riqueza, recientemente aprobado, es una medida insuficiente, podría considerarse un paso adelante.

En la misma forma, a través de los conflictos salariales interpelamos el presupuesto e impulsamos que comenzara a plantearse una relación diferente entre el gobierno nacional y provincial, con la demanda de un mayor compromiso en la asignación de recursos nacionales en la provincia de Buenos Aires. La cuestión de fondo a resolver es la rediscusión de la coparticipación federal, y la centralización en la definición de la política distributiva del gobierno nacional.

En el balance político, la justa lucha de los trabajadores de la educación, logró:
Acrecentar la masa salarial destinada al sector en 1148 millones de pesos, Corresponsabilizar a los estados nacional y provincial en la resolución del conflicto.
Horadar el techo salarial impuesto por el presupuesto provincial. Prueba fehaciente es que en la paritaria docente, el gobierno planteó inicialmente en el mes de febrero, una propuesta para la que solo destinaba una masa salarial de 300 millones de pesos.
En la actualidad, la disputa que desarrollan, los trabajadores estatales, de la salud y de la justicia, estima que la actualización salarial correspondiente incrementará la masa salarial en un monto similar al logrado por los docentes. acrecentando en más de 2100 millones la masa salarial total de los trabajadores, distante de los 600 millones previstos presupuestariamente por el gobierno provincial.
Asimismo, en áreas vitales como Salud, el presupuesto aprobado en 2007 es de 1870 millones, siendo el ejecutado 2006 de 1620 millones, ambas asignaciones presupuestarias se mantienen en valores porcentuales que no superan el 7,3 % del presupuesto general. Antes del 2000 el presupuesto destinado a salud era el 10 % del presupuesto total provincial, En consecuencia, con las partidas asignadas no será factible el pleno funcionamiento de los tres nuevos hospitales provinciales, y se incrementarán las problemáticas en el sistema sanitario por falta de equipamientos e insumos, tal como ya viene aconteciendo. En lo que respecta a la situación salarial de los profesionales y trabajadores de la salud no está prevista la cobertura de las demanda de actualización.
A partir de ejemplos como los planteados, se pone en evidencia, que en pocos meses la situación presupuestaria provincial estará atravesando una situación crítica que se expresará en restricciones en la acción política destinada a resolver prioridades sociales de la comunidad bonaerense y derechos salariales de los trabajadores estatales.

Es contradictorio que en la provincia donde más riqueza se produce, donde existe tanto una extensa producción agropecuaria como industrial en pleno crecimiento, con exportaciones extraordinarias, exista una comunidad bonaerense empobrecida y un estado reducido y mínimo para dar respuesta a las necesidades de sus trabajadores y su pueblo.
Hasta comienzos de la década de los '90, entre el 45 % y el 52 % de la recaudación impositiva era transferido a las provincias desde el Estado Nacional. Esa cifra se fue reduciendo y hoy se coparticipa el 32 %. Buenos Aires, que es la provincia que más recursos aporta, es también la que menos recursos recibe, ya que se le coparticipa el 21 % de la masa total coparticipable.

Por que es necesario transformar las injustas realidades, consideramos que el gobierno nacional debe aportar más recursos a los estados provinciales, a través de un nuevo acuerdo federal y de la derogación de la ley de responsabilidad fiscal, que ahoga a todas las provincias e impide un desarrollo más justo y armonioso.

ANEXOS

ACERCA DEL PRESUPUESTO 2007

En noviembre 2006, decíamos que “El presupuesto 2007 prevé que los ingresos totales se incrementarán un 15,1 % respecto a los obtenidos en el 2006 alcanzando a 266267 millones. Pero mientras los ingresos de origen provincial crecerían un 20,5%, las transferencias nacionales serían apenas un 6,9% superior. .Es probable que de continuar la tendencia de los últimos años, los ingresos de la provincia resulten mayores a los calculados. Según estimaciones propias, podrían estar entre $1500 y $1800 millones más que lo presupuestado.
Por el lado del gasto, el total crece un 16,4% respecto a 2006, alcanzando los $27867 millones. En personal aumenta $676 millones (5,5%), los intereses de la deuda lo hacen en $249 millones (30,8%), los gastos de capital en $997 millones (54%) y el resto del gasto en $2008 millones (22,6%).
Por lo expuesto, de no haber incrementos salariales por encima de lo presupuestado, la participación del gasto en personal respecto del total caería a un 46,9 %. El resultado presupuestado de las cuentas públicas resulta así deficitario en casi $1600 millones, un 44,6% más que en 2006.”
El déficit no constituye un problema utilizado en forma prudente en la medida en que este sea consecuencia de incrementar el gasto social y los salarios ya que la mayor actividad del estado estimula el crecimiento económico el gasto social y salarial mejora la equidad. Muy por el contrario las políticas que aumentaron la deuda se debieron a un deliberado achicamiento del Estado y a la renuncia a cobrar, al poder económico y a los sectores privilegiados, los impuestos para financiar la parte que les hubiera correspondido del gasto público.
La magnitud de esta cifra revela que los desequilibrios actuales se suman a los de años anteriores. A principios de los '90 la deuda provincial era insignificante, y las políticas de esta década sumadas a los efectos de la crisis llevaron a convertirla en la actualidad en un severo limitante para la expansión del gasto necesaria para la satisfacción de las necesidades populares, incluyendo los aumentos salariales.

LA DEUDA PROVINCIAL COMPROMETE LA SITUACIÓN ECONÓMICO SOCIAL DE LA PROVINCIA

Como se destaca en el proyecto del Presupuesto 2007 el principal acreedor de la provincia es el propio gobierno nacional acumulando más del 70 %, del stock de la deuda.
La provincia bajo presión de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal vuelve a endeudarse a través de los Programas de Asistencia Financiera PAF, para poder refinanciar los vencimientos de corto plazo, fruto de instrumentos financieros utilizados para salir de los efectos de la crisis económica que tuviera su hecatombe en el 2001. Los PAF reiteran condiciones de corto plazo y ajuste por CER que transforman el problema de la deuda en una peligrosa bola de nieve, que solo se altero en el PAF firmado el 2006 donde se eliminó la actualización por CER, a costa de un aumento de la tasa de interés que paso de un 2 a un 6 %.
El gobierno provincial es autorizado en el presupuesto 2007 para endeudarse por 2500 millones, para cubrir el déficit operativo. Al acuerdo con Nación a través de los PAF, se le suma deuda por valor de 1500 millones más, que los obtiene colocando 450 millones de dólares en bonos de deuda pública externa. Es inentendible que la provincia más rica del país, en tiempos de superátiv nacional, deba contraer deuda pública externa para garantizar las enunciaciones políticas, producto de las limitaciones del presupuesto provincial y de la ausencia de decisiones políticas en el sentido de una mayor justicia distributiva.
Es insostenible la incapacidad gubernamental, no solo provincial, sino de su contraparte nacional, para discutir en otros términos con el acreedor principal, para lograr además de refinanciar la deuda provincial, rediscutir en nuevos términos la coparticipación y la distribución del ingreso nacional.

La Plata, marzo 13 de 2007

Presupuesto social y participativo

2007-01-18T22:42:14Z

Desde hace años la CTA de la provincia de Buenos Aires viene presentando propuestas para que los bonaerenses tengamos el presupuesto justo y participativo que nos merecemos y necesitamos.
Es que los trabajadores no podemos admitir este insulto a la inteligencia y al sentido común de vivir en una provincia rica, con producción agropecuaria e industrial en pleno crecimiento, con exportaciones extraordinarias y en contrapartida un pueblo pobre, con pibes y abuelos que padecen hambre y con la mayor cantidad de desocupados del país.

Desde la CTA venimos construyendo diversas propuestas en torno del presupuesto provincial que implique participación de los distintos sectores sociales, redistribución de la riqueza y un rol del Estado con mayor incidencia en la resolución de las problemáticas y necesidades de las mayorías.

En reiteradas oportunidades, expresamos como demanda de acciones gubernamentales prioritarias: la decisión política de generar una mayor inversión y una reasignación de partidas presupuestarias en políticas públicas universales destinadas áreas vitales para la dignificación de la vida de nuestro pueblo: salud, educación, justicia, niñez y adolescencia, políticas sociales, trabajo, etc.

Por estas razones, afirmamos contundentemente que es imprescindible una reforma impositiva provincial que obligue a los que se enriquecen con el esfuerzo de todos, a que aporten más recursos al Estado.

Mayores recursos que sean destinados a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los bonaerenses.

El gobierno nacional también debe aportar más recursos al estado provincial, porque somos los bonaerenses los que más aportamos para el creciente presupuesto nacional y los que menos recibimos. Entonces, por vía de un Nuevo Acuerdo Federal el gobierno nacional debe asignar más recursos al Estado provincial y, derogar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ahoga a todas la provincias e impide un desarrollo más justo y armonioso.

Es responsabilidad del gobierno provincial abrir y promover este debate con la comunidad y con todas las organizaciones populares, para que el Estado sea una estructura apta para revertir esta situación, y no mantenerlo como una herramienta debilitada e impotente que sostiene, continúa y reproduce la injusta distribución de la riqueza del neoliberalismo, condenando a las mayorías populares a la pobreza.

Los trabajadores ocupados y desocupados, activos y jubilados, privados y estatales, nucleados en nuestra Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) asumimos el desafío y la responsabilidad de bregar por un Estado democratizado que privilegie la erradicación del hambre, la pobreza y la desocupación de nuestra provincia.

Con humildad hacemos estos aportes y, convocamos a los legisladores y representantes de todas las organizaciones sociales y políticas, a ser parte de este debate y a construir la unidad y la fuerza de los sectores populares, que hagan viable el destino de justicia y soberanía que nuestro Pueblo de la Provincia de Buenos Aires se merece.

Hugo Godoy

Secretario General

CTA Buenos Aires

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CTA Provincia de Buenos Aires

POR UN PRESUPUESTO PROVINCIAL QUE GARANTICE DERECHOS LABORALES, SALARIALES y SOCIALES

Presupuesto social y participativo

Hugo Godoy

Secretario General

CTA Buenos Aires