La Justicia interpretó que si bien ese tipo de jubilaciones está contemplada en la Ley, está sujeta a una serie de requisitos y plazos que el gobierno cambió de manera intempestiva “con un decreto que obliga a la gente a jubilarse de un día para el otro”; violando un principio básico de confianza legítima.

La medida que beneficia a Ana Nichele; Graciela Brusasco y María Serantes; tres empleadas del Instituto de la Vivienda de la Provincia que recurrieron la resolución del Gobierno bonaerense, ordena al Estado a “que se abstenga de disponer el cese” de las actividades en el ámbito laboral de las accionantes, toda vez que al haber sido ordenado de modo intespectivo y abrupto, viola el principio de la confianza legítima del trabajador.

Arias, entendió en su resolución –aunque de todas formas no se expidió, aún, en la cuestión de fondo- que la modificación del decreto reglamentario del a Ley que ejecutó el Gobierno bonaerense con el propósito de darle un margo legal a las denominadas jubilaciones de oficio, “cambia las reglas de juego” obligando a los empleados públicos a jubilarse “de inmediato”, cuando la reglamentación anterior establecía que el retiro debía concretarse luego de una serie de plazos.

El gobierno bonaerense resolvió jubilar de oficio a alrededor de 10.000 empleados estatales que continúan trabajando, en medio de fuertes cuestionamientos de parte de los representantes gremiales quienes denunciaron que la medida es "ilegal, arbitraria e inhumana" porque viola un acuerdo paritario convenido en abril de 2009 con funcionarios de las distintas carteras para evitar que, como se hizo en años anteriores, la decisión se llevara a la práctica sin el blanqueo salarial reclamado.

"La iniciativa, tomada unilateralmente por el gobernador Daniel Scioli, viola el acuerdo al que se había llegado, junto a los ministros, en la paritaria general del 6 de abril de este año", había dicho el secretario general del gremio, Hugo Godoy.