CTA Provincia de Buenos Aires

El incremento en las tarifas de servicios públicos y su peso sobre los salarios

2019-02-12T13:12:42Z

informe de CIFRA "El incremento en las tarifas de servicios públicos y su peso sobre los salarios", muestra cómo los aumentos tarifarios fueron muy por encima del nivel general de precios y, sobre todo, de los ingresos de los trabajadores. Si se considera la suma de los pagos por electricidad, gas y agua para un consumo moderado de una familia tipo del conurbano bonaerense, el aumento entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2018 equivale casi a $ 17.000 medido en valores de diciembre de 2018.

Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, la política de quita de subsidios y aumento de tarifas de los servicios públicos fue una constante. Los subsidios no siempre pudieron disminuirse (por los efectos de la devaluación) pero las tarifas sí aumentaron notablemente, y sin pausa.

ELECTRICIDAD. En el ámbito de los partidos del Gran Buenos Aires, los aumentos de las facturas residenciales de electricidad aumentaron entre el 1.053% y 2.388% de octubre de 2015 a octubre de 2018, dependiendo del nivel de consumo familiar. Dado el anuncio de aumentos adicionales del 55% en promedio, la gestión de Cambiemos finalizaría con aumentos de este servicio en torno de 18 y 39 veces dependiendo la categoría.

GAS. Las facturas de gas, por su parte, aumentaron entre el 1.353% y el 462%, dependiendo del segmento de consumo, entre octubre de 2015 y de 2018. De manera regresiva, los incrementos más altos afectaron a los segmentos de menor consumo. Dados los aumentos adicionales previstos para 2019 la factura tipo acumularía aumentos de entre 8 y 21 veces hacia el próximo mes de octubre.

AGUA Y CLOACAS. Finalmente, los aumentos en el servicio de agua y cloacas fueron del 832% para el servicio medido y 554% para el servicio sin medidor entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2018. Considerando el aumento adicional del 48,6% propuesto para este año, al final de la gestión del gobierno las facturas serían entre 10 y 14 veces más elevadas que en octubre de 2015

Todos estos incrementos fueron muy por encima del nivel general de precios y, sobre todo, de los ingresos de los trabajadores. Si se considera la suma de los pagos por electricidad, gas y agua para un consumo moderado de una familia tipo del conurbano bonaerense, el aumento entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2018 equivale casi a $ 17.000 anuales, medido en valores de diciembre de 2018.

El peso de estos servicios sobre el salario registrado privado pasaría del 1,2% en 2015 al 8,1% en 2019, de cumplirse las proyecciones del gobierno. La proporción sobre el ingreso laboral promedio (que incluye también a asalariados no registrados y trabajadores independientes) pasaría del 1,9% en 2015 al 13,3% en 2019.

Informe sobre la situación del mercado de trabajo N°4 de CIFRA-CTA.

2018-07-13T14:02:22Z

El informe presenta resumidamente las principales estadísticas que dan cuenta de la situación del mercado laboral y de los trabajadores. Dados los últimos datos disponibles, la información corresponde mayoritariamente a los primeros meses del año, es decir, el período previo a la fuerte devaluación de la moneda y sus consecuencias negativas en términos de inflación, pérdida de ingresos reales, caída de la actividad económica y retracción del empleo.

Aún así, el mercado laboral en ese período evidenció dificultades que seguramente se ven agravadas en el escenario actual y el de los próximos meses.

En el 1° trimestre del año la tasa de desocupación alcanzó el 9,1%; casi dos millones de personas desocupadas en el país. La persistencia de un elevado nivel de desocupación se refleja en un aumento en la duración del desempleo: el 39,4% de los desocupados lleva más de un año en la búsqueda de una ocupación.

En los 4 primeros meses de 2018 no se generó en absoluto empleo registrado, dado que el escaso aumento en el empleo asalariado fue compensado por una caída en la cantidad de trabajadores independientes, revirtiendo la tendencia previa.

La principal rama de actividad afectada fue la industria: la caída del empleo en este sector no cesa desde el inicio del nuevo gobierno. En los primeros 4 meses del año se perdieron 10.300 puestos registrados (-0,9%), que implican en total una reducción de 73.800 puestos desde diciembre de 2015, es decir, una caída total de 5,9%.
El poder adquisitivo promedio de las remuneraciones registradas del sector privado tuvo una leve caída en el 1° cuatrimestre. Para los próximos meses sólo cabe esperar una reducción mayor como resultado de la aceleración inflacionaria. Si bien en las últimas semanas algunos gremios lograron aumentos en torno al 25%, ello tampoco garantiza mantener el poder adquisitivo ante proyecciones de inflación que superan el 30% anual. Puede proyectarse que aumentos salariales del 15% implicarían como mínimo una pérdida de poder adquisitivo del 12% a fin de 2018, mientras que aumentos del 25% se corresponderían con una reducción del 4%.

En el caso del sector público, las pérdidas de salario real resultan mayores que en el sector privado. Ante la intención del gobierno de reducir la masa salarial como uno de las principales formas de ajuste fiscal comprometidas ante el FMI, cabe avizorar una importante disminución real para este año.

Las pérdidas de poder adquisitivo se vuelven dramáticas en el caso del salario mínimo, vital y móvil, ante la decisión que tuvo el gobierno en 2017 de fijar un aumento muy bajo por Decreto y romper la negociación en el ámbito del Consejo del Salario. También sufren importantes pérdidas los haberes jubilatorios y la asignación universal por hijo, determinadas por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Saludos cordiales,
CIFRA
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina
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El peso de las tarifas residenciales sobre los salarios

2018-04-19T14:51:00Z

El objetivo de este breve informe es mostrar el impacto que tuvo en el salario el incremento de las tarifas de los servicios públicos residenciales que puso en marcha Cambiemos. Se trata de identificar el peso relativo que tienen las tarifas de servicios públicos residenciales sobre distintas medidas de salario durante el período 2015 - abril 2018.

La estimación que se propone contempla solo los servicios residenciales de electricidad y gas natural, sin considerar los aumentos de agua. Es decir, se trata de una evaluación parcial que debe considerarse de “mínima”.

En efecto, el principal resultado del informe es que los incrementos de gas natural y electricidad pasaron de representar el 1,4% al 7,4% del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7% al 14,5% de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados entre 2015 y abril de 2018.

¿Por qué rechazamos la Reforma Previsional?

2017-12-15T13:13:14Z

Aportes del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA - CTA) sobre la reforma previsional y sus consecuencias para los jubilados.

El gobierno plantea su preocupación por la sustentabilidad previsional como justificación para la reforma previsional propuesta. Resulta llamativo que este planteo sobre la sustentabilidad no haga referencia a la pérdida de recursos que ANSES sufrirá como consecuencia de medidas que simultáneamente está proponiendo el propio gobierno.

Por un lado, según el pacto fiscal firmado con 23 gobernadores el 17 de noviembre pasado, se prevé modificar el impuesto a las ganancias (eliminar el artículo 104) de modo tal que ANSES perdería el 20% que hoy recibe de lo recaudado por este impuesto, que representa $ 128.452 millones según el proyecto de presupuesto para 2018.

Si bien en el mismo acuerdo se prevé destinar el 100% de lo recaudado por el impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque) al ANSES, el adicional por sobre lo ya presupuestado implica sólo $ 60.521 millones. De este modo, en términos netos ANSES perdería $67.931 millones en 2018, que representa más del 5% de sus recursos.

Más aún, según el mismo acuerdo con los gobernadores, después de 2022, a más tardar, ANSES también perdería la recaudación del impuesto a los débitos y créditos.

Por otra parte, según el proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno se planea reducir los aportes patronales destinados al régimen de jubilaciones y pensiones, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.

La reducción se logra a través de la fijación de un mínimo no imponible exento de contribuciones patronales, que se va ampliando progresivamente hasta el 2022. Así, los salarios más bajos quedarán directamente exentos de contribuciones, aunque se trate de trabajadores de grandes empresas. Esta reducción de aportes implicará menos costos para el empleador con la contracara de menos recursos para la ANSES y, en particular, para el régimen de jubilaciones y pensiones.

Es este el escenario en que se plantea la actual reforma previsional, con modificaciones que buscan principalmente ahorrar recursos previsionales, más allá de que se busque ocultar este aspecto en su presentación. La reforma plantea tres modificaciones principales: el cambio de fórmula para la movilidad de los haberes, las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, la elevación de la edad jubilatoria a 70 años y la equivalencia del haber mínimo garantizado con el 82% del salario mínimo, vital y móvil.

1. El cambio de fórmula para la movilidad.
La fórmula vigente de actualización de los haberes se estableció por Ley N° 26.417 en el año 2008. Según esta ley, la movilidad se aplica automáticamente dos veces al año desde el año 2009 y comprende a todas las prestaciones a cargo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).1

El cálculo de la actualización toma en cuenta las variaciones en los recursos tributarios del SIPA y el índice general de salarios determinado por el INDEC o la variación del RIPTE (Remuneración Imponible promedio de los trabajadores estables) publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Al incluir ambos componentes se busca que los haberes jubilatorios sigan la evolución de los salarios, y a la vez acompañen el aumento de los ingresos al Sistema Previsional.

El proyecto de ley en tratamiento propone cambiar esta fórmula por otra que tome un 70% de la variación del índice de precios al consumidor del INDEC y un 30% de la variación del RIPTE y, asimismo, realizar actualizaciones en forma trimestral, pero respecto de una base muy desfasada en el tiempo.2

Entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2015 la aplicación de la fórmula actual permitió que las jubilaciones aumentaran en promedio 38,0% en términos reales, mientras que la jubilación mínima tuvo un aumento en su poder de compra de 26,7%. Con el gobierno de Cambiemos, la disminución de los salarios reales y de los ingresos al sistema previsional implicó una trayectoria negativa de las jubilaciones: entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2017 se estima una caída de 5,7% en los haberes mínimos y un crecimiento nulo en el promedio.

El cambio de fórmula que se plantea en el proyecto de ley parte, desde un inicio, de un bajo nivel debido a esta trayectoria entre 2015 y 2017 que no podrá recuperarse de ser aprobado el proyecto.

Otro efecto negativo resulta del cambio en el período base calculado para los ajustes, que implica sustraer a los jubilados tres meses de aumento que nunca serán repuestos. De este modo, mientras que según la nueva fórmula se espera un incremento del 5,7% en los haberes, el aumento hubiera sido de entre 12,7% y 14,5% según las distintas estimaciones de acuerdo con el cálculo de la ley actualmente vigente.3

Pero además de estos efectos con consecuencias inmediatas en 2018, la nueva fórmula busca claramente que los aumentos de jubilaciones y pensiones resulten más bajos, desvinculándolos de la recaudación y con una influencia marginal de la variación salarial. Si se tratase de proteger los ingresos de los jubilados y ponerles un piso para evitar caídas reales en escenarios negativos bastaría con establecer como condición un piso de incremento jubilatorio basado en el IPC u otro índice que refleje más adecuadamente el consumo de los hogares de los jubilados y pensionados. Pero la fórmula propuesta no establece un piso sino que se aplica también como un techo.

Puede estimarse que en 2018 el total de jubilaciones y pensiones tendrá una merma total de entre $ 65.000 millones y $ 75.000 millones respecto de lo que se gastaría con la fórmula de movilidad vigente. A este monto debe adicionarse el que resulta del ajuste por el cambio de fórmula sobre asignaciones familiares contributivas y asignación universal por hijo.

Finalmente, otra cuestión no menor respecto del cambio de fórmula es que, según el proyecto presentado por el gobierno, no sólo se afecta la movilidad de los haberes vigentes sino también el cálculo del haber inicial para las nuevas jubilaciones.

En efecto, respecto de este cálculo, se reemplaza la forma de actualización de las remuneraciones consideradas para el cálculo del salario promedio que incide en el monto del haber inicial, incorporando al RIPTE como criterio.

2. La elevación de la edad jubilatoria a 70 años.
Según la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 el empleador tiene la facultad de exigir al trabajador su jubilación cuando el mismo alcanza los años de aporte establecidos por el sistema y una edad de 60 años en el caso de las mujeres y 65 años en el caso de los varones.

El proyecto de ley propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo, de manera tal que la facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse sólo pueda ejercerse a partir de los 70 años de edad del trabajador. Además, entre la edad jubilatoria actualmente vigente y los 70 años, el empleador queda eximido de aportes patronales para el régimen previsional.

Este cambio no alcanza a los trabajadores del sector público, aun cuando se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo.

3. Haber mínimo garantizado.
Como tercera medida se establece que el haber mínimo garantizado se fijará en el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Este haber garantizado alcanzará a aquellos beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten 30 años de aportes. Se excluye en cambio de esta garantía a aquellos beneficiarios de PBU otorgados por moratorias previsionales.

Esta propuesta adolece de dos falencias. Por un lado, sólo se aplica a un universo reducido de jubilados y pensionados: aquellos que hayan acreditado 30 años de aportes, dejando explícitamente de lado a quienes hayan accedido a sus haberes a través de algunas de las moratorias que permitieron ampliar significativamente la cobertura previsional desde 2005. Por otro lado, porque el piso que fija es prácticamente equivalente al que está vigente, sin implicar una mejora real. En efecto, con una jubilación mínima de $ 7.246 y un salario mínimo, vital y móvil de $ 8.860, la relación establecida ya es del 81,8% y el aumento garantizado sería sólo de $ 19 si se
aplicase en la actualidad.

En suma, el balance de las modificaciones propuestas resulta negativo y revela que el objetivo central de la reforma propuesta no es más que el ajuste del gasto previsional.

El análisis integral de los cambios que buscan inducir las reformas planteadas en distintos planos remite a los acontecimientos de la década de 1990, cuando a pesar de recitar como un dogma de fe la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, se disminuyeron los aportes patronales y se privatizó el sistema jubilatorio que pasó a manos de las AFJP, provocando el desfinanciamiento del sector público que se cubrió con endeudamiento externo, con un resultado tristemente conocido.

La historia se repite con sus peculiaridades. Se profesa la responsabilidad fiscal y la necesidad de lograr la sustentabilidad previsional pero desde la asunción de Cambiemos se redujeron o anularon las retenciones y el impuesto a los bienes personales ya desde comienzos del mandato, y ahora se propone disminuir aún más los ingresos fiscales a través de la reforma tributaria, en un contexto en el que el déficit fiscal se acentúa y se agrandan los requerimientos de deuda, que luego presionan el resultado financiero a través de la necesidad de pagar los intereses de la deuda.

Si la experiencia histórica tiene utilidad analítica todo indica que el equilibrio fiscal es un dogma para la ortodoxia que no cuenta cuando se trata de generar las condiciones para impulsar el endeudamiento externo y potenciar la valorización financiera. Se habla en cambio de sustentabilidad previsional cuando se trata de perjudicar a los trabajadores, que con esta reforma verán disminuir sus haberes jubilatorios, así como las asignaciones familiares y asignación universal por hijo.

Principales lineamientos del proyecto de reforma laboral

2017-11-08T16:14:34Z

El proyecto de reforma laboral, que pretende avanzar sobre los derechos de los trabajadores y reducir costos laborales, pretende claramente una reforma pro mercado. Su aprobación implicaría una pérdida real de derechos e ingresos, retrocediendo en conquistas históricas.

La orientación de la reforma está implícita en los objetivos que plantea. Al igual que durante la última dictadura militar y el menemismo, se busca flexibilizar el mercado de trabajo, y se visualiza al derecho laboral protector de los trabajadores como un factor “distorsivo” que debe eliminarse.

Si bien se afirma que la reforma favorecerá la creación de puestos de trabajo, los efectos son más bien los contrarios ya que se facilitarán y reducirán los costos de despido. Así, es improbable que la transferencia de ingresos desde el trabajo al capital redunde en mayores empleos, del mismo modo que las reformas laborales de los noventa, con lineamientos similares, fueron contemporáneas a una mayor desocupación.

El nivel de desocupación asciende a 9,2%, el índice más alto de los últimos diez años

2017-08-25T13:04:42Z

Informe Situación mercado de trabajo Nº 3 del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

Este informe presenta la evolución de las principales variables del mercado de trabajo y la distribución del ingreso en los últimos meses, y en particular desde la asunción del nuevo gobierno, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

– Se destaca, en primer lugar, que la tasa de desocupación en el 1° trimestre de 2017 alcanzó al 9,2% de la población económicamente activa (PEA), el nivel más alto de los últimos diez años. La tasa de subocupación en el mismo período fue de 9,9% sobre la PEA. La proyección de estas cifras al total del país indica que 1,8 millones de personas estuvieron desocupadas y 2 millones estuvieron subocupadas en ese trimestre.

– Esta mayor desocupación es resultado de un descenso en la tasa de empleo, que afectó particularmente a los jefes de hogar, al mismo tiempo que se observó una mayor tasa de actividad. La mayor intención de participar en el mercado de trabajo que se dio especialmente entre los jóvenes puede leerse como una respuesta al menor nivel de ocupación y mayor desocupación de los jefes de hogar, que son los principales proveedores de ingresos.

– En relación con el empleo asalariado registrado, puede advertirse que tuvo un incremento de 0,4% en 2016 y de 0,5% interanual en los primeros cinco meses de 2017. Este crecimiento estuvo explicado por el comportamiento del empleo público, ya que el empleo en el sector privado cayó 0,7% en 2016 y no se recuperó en 2017: en conjunto los cinco primeros meses de 2017 tienen el mismo nivel de empleo asalariado registrado privado que el mismo período del año anterior.3

– La caída del empleo registrado en el sector privado y su posterior recuperación relativa se vinculan estrechamente con el desempeño del sector Construcción, que sufrió la paralización de obra pública de 2016 y que se reactivó desde fines de ese año. La minería y la industria son sectores que se destacan por tener sucesivas caídas en su nivel de empleo registrado desde diciembre de 2015. De acuerdo con los datos de mayo (últimos disponibles) esta caída del empleo no se había detenido.

– Los salarios promedio de los asalariados registrados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo significativa en 2016, que en el segundo semestre de ese año se ubicó 7,0% por debajo del mismo período de 2015. Los primeros meses de 2017 muestran una evolución salarial más cercana a la variación de precios, de modo que no se registraron pérdidas salariales adicionales, aunque tampoco se recuperó lo perdido en 2016.

– La actualización de la jubilación mínima y de la Asignación Universal por Hijo de acuerdo con la Ley de Movilidad a partir de septiembre, implicaría un leve aumento interanual en términos reales pero una pérdida de 6,0% respecto del mismo mes de 2015. El salario mínimo, vital y móvil, fijado unilateralmente por el Ministerio de Trabajo, sufriría una pérdida de poder adquisitivo en 2017, que se suma a la que tuvo lugar el año anterior.

Informe de Coyuntura Nº 24 - CIFRA

2017-07-10T17:56:32Z

· En el marco de la aún crítica situación económica es probable que el ritmo de crecimiento y la inflación experimenten fluctuaciones de corto plazo. Los primeros meses de 2017 muestran un leve crecimiento económico y la desaceleración de
la inflación. El sector primario, los servicios, el sector financiero y la construcción, impulsada por la obra pública, explicaron el cambio de tendencia, en tanto que la industria disminuyó el vértigo de la caída y en mayo anotó el primer crecimiento interanual después de 15 meses negativos.

· Más allá de esta “foto”, la “película” refleja la escasa sustentabilidad del cambio de tendencia. En primer lugar, el cierre de un conjunto amplio de acuerdos paritarios por debajo del nivel de inflación esperada indican que el consumo no será la variable decisiva para sustentar el crecimiento, máxime si se tiene en cuenta la elevación del desempleo por encima del 9% en el total del país, y del 10% en varios de los aglomerados más grandes. En segundo lugar, son escasas las oportunidades de inversión productiva en el marco del sostenimiento de altas tasas de interés, la apreciación cambiaria y la compleja situación internacional en la que resalta la crisis de Brasil. Bajo estas circunstancias, los problemas en el sector externo se acentuaron en el marco del nuevo ciclo de endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales.

· Al respecto, vale decir que las colocaciones de la deuda externa del gobierno nacional durante el primer semestre de 2017 (USD 33.948 millones) fueron similares al endeudamiento de todo el año 2016. Con el agravante de que la aceleración de
las emisiones de corto plazo generó una carga de vencimientos de tal magnitud que, sumados a los preexistentes al gobierno actual (USD 14.255), alcanzaron a USD 29.429 millones en el primer semestre del año. Es decir, las elevadas colocaciones de deuda externa en lo que va del año alcanzaron, principalmente, a refinanciar los vencimientos, lo cual es una expresión de la peligrosa “bola de nieve” que se está generando.

· El escenario empeora al tener en cuenta que:

1) aún resta financiar casi USD 16.095 millones de vencimientos en moneda
extranjera en el segundo semestre,
2) la fuga de capitales al exterior superó con creces los USD 6.000 millones en los
primeros 5 meses del año, acelerándose recientemente, y 3) se registraron en los primeros 5 meses del año considerables déficit gemelos: un saldo comercial negativo de casi USD 2.000 millones y un déficit fiscal financiero de casi $ 165.000 millones, en el marco de la duplicación del pago de intereses de la deuda pública.

· En ese marco, cayeron las reservas internacionales y se eleva el tipo de cambio, lo cual restringe las posibilidades de reducir las altas tasas de interés de las Lebac. Se expresa así el escaso margen de maniobra que tiene el actual planteo económico para evitar que los inversores privados dolaricen sus carteras y presionen aún más sobre el tipo de cambio. Al mismo tiempo, las altas tasas de interés alimentan la especulación financiera y la consiguiente fuga de capitales al exterior.

Se trata de una encrucijada inherente al proceso de acumulación en marcha.

La desigualdad en el ingreso laboral de los ocupados

2017-06-22T13:15:29Z

En 2016, a la par que se resintió el poder de compra de los ingresos de los trabajadores, esta caída afectó en mayor medida a quienes tienen ingresos más bajos. Mientras que sólo el 10% de los ocupados con mayores ingresos tuvo aumentos nominales que superaron a la inflación, el 90% restante vio disminuir su ingreso real en el período analizado.

En este escenario de ampliación de brechas de ingresos laborales y de mayor desigualdad, en este breve informe se caracterizan los ingresos laborales del total de ocupados en el 4° trimestre de 2016 (última información disponible a la fecha), y se diferencia a las distintas categorías ocupacionales: asalariados registrados, asalariados no registrados, no asalariados.

La mitad de los ocupados tenía ingresos inferiores a $10.000 en ese período. El 10% con menores ingresos ganaba menos de $3.000 y, en el otro extremo, el 10% con mayores ingresos ganaba más de $20.000.

Informe CIFRA- Situación Mercado de Trabajo n° 2

2017-06-05T15:25:18Z

Informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina CIFRA-CTA acerca del brutal ajuste sobre el salario real de los trabajadores y trabajadoras que el gobierno de Mauricio Macri desencadenó desde su asunción

· Este informe presenta la evolución de las principales variables del mercado de trabajo y la distribución del ingreso en el último año, y en particular desde la asunción del nuevo gobierno, de acuerdo con los últimos datos disponibles.

· Se destaca, en primer lugar, el incremento de la desocupación (de 6,5% en 2015 a 8,5% en 2016) y de la subocupación (de 8,4% promedio en 2015 a 10,6% en 2016). A su vez, es posible advertir que fueron los jefes de hogar quienes sufrieron en mayor medida una caída en el empleo, lo cual pone en situación de fragilidad a todo el hogar que convive con ese jefe.

· En términos de categoría ocupacional, se redujo el peso en el empleo de los asalariados registrados, que son quienes tiene mayores ingresos en promedio y una situación de mayor estabilidad, y se incrementaron los no asalariados, que son en su mayor parte trabajadores por cuenta propia.

· La información sobre empleo asalariado registrado provista por el Ministerio de Trabajo (la fuente de datos más actualizada) permite apreciar que entre noviembre de 2015 y febrero de 2017 en el sector privado se acumula una pérdida neta de 66.300 puestos de trabajo, mientras que en el sector público se sumaron 33.900 asalariados.

· Las mayores caídas de puestos de trabajo registrados en el sector privado se observan en la industria, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y la construcción. Sólo este último sector ha revertido su tendencia e iniciado una recuperación relativa en el segundo semestre de 2016, de la mano de cierto impulso a la obra pública. La industria, en cambio, no ha cesado en su descenso, afectada por los bajos niveles de consumo interno y la apertura importadora.

· La remuneración real de los asalariados registrados sufrió una importante caída en 2016, en tanto los incrementos nominales de salario, en torno al 33%, quedaron muy por detrás de aumentos de precios del 41%. Si las negociaciones paritarias no reconocen explícitamente esa pérdida, los salarios reales volverán a caer en el presente año.

· La caída en los ingresos provenientes del trabajo afectó en mayor medida a los trabajadores que menos ganan. Así, La brecha entre el 10% que más gana respecto del 10% con menores ingresos pasó de 16,8 en 2015 a 20,1 veces en 2016.

Informe de Coyuntura n° 23 de CIFRA

2017-04-24T16:14:19Z

Las profundas transformaciones en la política económica que desplegó la alianza Cambiemos no solo provocaron una importante recesión en 2016 sino también alteraciones sustanciales en el régimen económico.

Si bien el examen de los cambios estructurales es prematuro en cuanto a su profundidad no lo es en lo que concierne a su naturaleza y orientación. Por ello, la evaluación del primer año de gobierno resulta sumamente útil como para advertir el nuevo esquema de “ganadores” y “perdedores” que se tiende a configurar en la economía argentina y, consiguientemente, la orientación del modelo de acumulación de capital que se busca
establecer.