CTA Provincia de Buenos Aires

EL PROGRAMA DE LA FALDA

Juventud — 2009-04-01T04:05:00Z

El Programa de La Falda, de agosto de 1957, y el de Huerta Grande, de junio de 1962, son los dignos antecedentes del Programa del 1º de Mayo, que en esa fecha de 1968 se publica en el Nº 1 del periódico de la CGT de los Argentinos.

Para la Independencia Económica:

a)Comercio exterior:

• Control estatal del comercio exterior sobre las bases de la forma de un monopolio estatal.
• Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
• Control de los productores en las operaciones comerciales con un sentido de defensa de la renta nacional.Planificación del proceso en vista a las necesidades del país, en función de su desarrollo histórico, teniendo presente el interés de la clase laboriosa.
• Ampliación y diversificación de los mercados internacionales.
• Denuncia de todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica.
• Planificación de la comercialización teniendo presente nuestro desarrollo interno.
• Integración económica con los pueblos hermanos de Lati¬noamérica, sobre las bases de las experiencias realizadas.

b)En el orden interno:

• Política de alto consumo interno; altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional.
• Desarrollo de la industria liviana adecuada a las necesida¬des del país.
• Incremento de una política económica tendiente a lograr la consolidación de la industria pesada, base de cualquier desarrollo futuro.
• Política energética nacional; para ello se hace indispensa¬ble la nacionalización de las fuentes naturales de energía y su explotación en función de las necesidades del desarro¬llo del país.
• Nacionalización de los frigoríficas extranjeros, a fin de po¬sibilitar la eficacia del control del comercio exterior, sus¬trayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía.
• Soluciones de fondo, con sentido nacional a los problemas económicos regionales sobre la base de integrar dichas economías a las reales necesidades del país, superando la actual división entre "provincias ricas y provincias po¬bres'.
• Control centralizado del crédito por parte del Estado, ade¬cuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores.
• Programa agrario, sintetizado en: mecanización del agro, "tendencia de la industria nacional", expropiación del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en procura de que la tierra sea de quien la trabaja.

Para la Justicia Social:

• Control obrero de la producción y distribución de la riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los trabajadores:
o en la elaboración y ejecución del plan económico general, a través de las organizaciones sindicales;
o participación en la dirección de las empresas privadas y públicas, asegurando, en cada caso, el sentido social de la riqueza;
o control popular de precios.
• Salario mínimo, vital y móvil.
• Previsión social integral:
o unificación de los beneficios y extensión de los mismos a todos los sectores del trabajo.
• Reformas de la legislación laboral tendientes a adecuarla al momento histórico y de acuerdo al plan general de transformación popular de la realidad argentina.
• Creación del organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia real de las conquistas y legislaciones sociales.
• Estabilidad absoluta de los trabajadores.
• Fuero sindical.

Para la Soberanía Política:

• Elaboración del gran plan político-económico-social de la realidad argentina, que reconozca la presencia del movimiento obrero como fuerza fundamental nacional, a través de su participación hegemónica en la confección y direc¬ción del mismo.
• Fortalecimiento del estado nacional popular, tendiente a lograr la destrucción de los sectores oligárquicos antina¬cionales y sus aliados extranjeros, y teniendo presente que la clase trabajadora es la única fuerza argentina que re¬presenta en sus intereses los anhelos del país mismo, a lo que agrega su unidad de planteamientos de lucha y forta¬leza.
• Dirección de la acción hacia un entendimiento integral (político-económico) con las naciones hermanas latinoame¬ricanas.
• Ación política que reemplace las divisiones artificiales internas, basadas en el federalismo liberal y falso.
• Libertad de elegir y ser elegido, sin inhabilitaciones, y el fortalecimiento definitivo de la voluntad popular.
• Solidaridad de la clase trabajadora con las luchas de liberación nacional de los pueblos oprimidos.
Política internacional independiente.

A 60 años de la Constitución del 49

Juventud — 2009-03-20T07:10:00Z

La constitución de 1949 consagró una parte fundamental de los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo argentino. A 60 años de su creación, la recordamos como forma de impulsar la lucha para recuperarlos.

Capítulo III

Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura

Artículo 37 - Declárense los siguientes derechos especiales:
I. Del trabajador

1. Derecho de trabajar - El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite.

2. Derecho a una retribución justa - Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad deber organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar a trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.

3. Derecho a la capacitación - El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse.

4. Derecho a condiciones dignas de trabajo - La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan.

5. Derecho a la preservación de la salud - El cuidad de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna requisitos adecuados
de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.

6. Derecho al bienestar - El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.

7. Derecho a la seguridad social - El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.

8. Derecho a la protección de su familia - La protección de la familia responde a un natural designio de individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos efectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad como el modo más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.

9. Derecho al mejoramiento económico - La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, y estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyen elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general.

10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales - El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarle o impedirlo.

II. De la familia

La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimento de sus fines.

1. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad.

2. El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca.

3. El Estado garantiza el bien de la familia conforme a lo que una ley especial determine.

4. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.

III. De la ancianidad

1. Derecho a la asistencia - Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creados, o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.

2. Derecho a la vivienda - El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
3. Derecho a la alimentación - La alimentación sana, y adecuada a la edad y estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular.

4. Derecho al vestido - El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.

5. Derecho al cuidado de la salud física - El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.
6. Derecho al cuidado de la salud moral - Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.

7. Derecho al esparcimiento - Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.
8. Derecho al trabajo - Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.
9. Derecho a la tranquilidad - Gozar de tranquilidad, libre de angustias y
preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano.

10. Derecho al respeto - La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes.

IV. De la educación y la cultura

La educación y la instrucción corresponden a la familia y a los establecimientos particulares y oficiales que colaboren con ella, conforme a lo que establezcan las leyes. Para ese fin, el Estado creará escuelas de primera enseñanza, secundaria, técnico-profesionales, universidades y academias.

1. La enseñanza tenderá al desarrollo del vigor físico de los jóvenes, al
perfeccionamiento de sus facultades intelectuales y de sus potencias sociales, a su capacitación profesional, así como a la formación del carácter y el cultivo integral de todas las virtudes personales, familiares y cívicas.

2. La enseñanza primaria elemental es obligatoria y será gratuita en las escuelas del Estado. La enseñanza primaria en las escuelas rurales tenderá a inculcar en el niño el amor a la vida del campo, a orientarlo hacia la capacitación profesional en las faenas rurales y a formar la mujer para las tareas domésticas campesinas. El Estado creará, con ese fin, los institutos necesarios para preparar un magisterio especializado.
3. La orientación profesional de los jóvenes, concebida como un complemento de la acción de instruir y educar, es una función social que el Estado ampara y fomenta mediante instituciones que guíen a los jóvenes hacia las actividades para las que posean naturales aptitudes y capacidad, con el fin de que la adecuada elección profesional redunde en beneficio suyo y de la sociedad.

4. El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.
Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias
aplicadas con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.
Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta
Constitución.

5. El Estado protege y fomenta el desarrollo de las ciencias y de las bellas artes, cuyo ejercicio es libre; aunque ello no excluye los deberes sociales de los artistas y hombres de ciencia. Corresponde a las academias la docencia de la cultura y de las investigaciones científicas postuniversitarias, para cuya función tienen el derecho de darse un ordenamiento autónomo dentro de los límites establecidos por una ley
especial que las reglamente.

6. Los alumnos capaces y meritorios tienen el derecho de alcanzar los más altos grados de instrucción. El Estado asegura el ejercicio de este derecho mediante becas, asignaciones a la familia y otras providencias que se conferirán por concurso entre los alumnos de todas las escuelas.
7. Las riquezas artísticas e históricas, así como el paisaje natural cualquiera que sea su propietario, forman parte del patrimonio cultural de la Nación y estarán bajo la tutela del Estado, que puede decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y prohibir la exportación o enajenación de los tesoros artísticos. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica que asegure su custodia y atienda a su conservación.

Capítulo IV

La función social de la propiedad, el capital y la actividad económica

Artículo 38 - La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.
Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. La expropiación por causa de utilidad pública o interés general debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contri-buciones que se expresan en el artículo 4°. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invención o descubrimiento por el término que le acuerda la ley. La confiscación de bienes queda abolida para siempre de la legislación argentina. Ningún cuerpo armado
puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie en tiempo de paz.

Artículo 39 - El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.

Artículo 40 - La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda
actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente
participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

Marcelo Saín: Las inseguridades de la política

Juventud — 2008-11-19T15:01:56Z

Fuente: Página 12.
Al mismo tiempo que comenzaba la ola de protestas por la inseguridad, fueron asesinadas tres personas humildes. Saín destaca que ninguno de esos casos fue incluido en las protestas, cuyos contenidos terminan siendo muy marcados por el origen social.

Somos argentinos, ¿qué nos pasa?”, clamaba ante las cámaras de C5N, casi a los gritos y al borde del llanto, una señora indignada por la “ola de inseguridad” que azota nuestra sociedad. Ello ocurría durante la manifestación de vecinos y organizaciones sociales llevada a cabo en el centro de San Isidro el domingo 26 de octubre. El locutor de la cadena televisiva indicaba que se trataba de la madre del actor y productor Adrián Suar, creador de la tira Poliladron. Unos días antes, cerca de allí, Ricardo Barrenechea había sido asesinado delante de su familia, durante un robo perpetrado en su casa. Era el corolario de una seguidilla de asaltos violentos producidos en la zona durante esos días.

De manera inmediata, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, apuntó al gobierno nacional como responsable directo de la situación, ya que la semana anterior el ministro del ramo había decidido dar por finalizada la presencia de los efectivos de Gendarmería Nacional en 15 puestos de vigilancia instalados alrededor del barrio populoso La Cava, situado a una veintena de cuadras de la intendencia. “El peor de los gestos (del gobierno nacional) fue que en medio de la tragedia levanten el último puesto de control de Gendarmería en La Cava”, sostuvo el mandatario local. Así, para el intendente los autores de esa tanda de robos y asaltos eran delincuentes que habitaban o se refugiaban impunemente en La Cava. Más precisamente, esos hechos lamentables eran una consecuencia inmediata del retiro de los efectivos de Gendarmería del perímetro protector en torno de un barrio que sirve de residencia a las “clases peligrosas” –en términos de la criminología crítica de la zona–.

Como no podía ser de otra manera, durante la noche de aquel trágico día, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ordenaron un gran operativo policial en la villa La Cava, “en búsqueda de los ladrones”, según destacaba la prensa al día siguiente, lo que se hizo sin miramientos. Y, obviamente, los ladrones no estaban allí. Así, el círculo interpretativo perverso que proyectaba a La Cava como la fuente de la “ola criminal” se cerraba con la convalidación del gobierno provincial a la exégesis criminológica del mandatario sanisidrense.

Pero el gobernador Daniel Scioli fue por más. En la jornada siguiente, sostuvo que había llegado “el momento de debatir una baja en la imputabilidad de los menores”, vinculando, de hecho, los delitos en ciernes con la criminalidad de menores. En ese sentido, anunció que iba a promover que los legisladores nacionales por la provincia de Buenos Aires presenten iniciativas en el Congreso, para modificar el Código Penal en función de “bajar la edad de imputabilidad para los delitos graves que cometan los menores”. Desde Medellín, el jefe de la policía provincial respaldó a su gobernador, señalando que había “un incremento serio en delitos cometidos por menores de edad”. Y con énfasis exagerado, agregó que en el ámbito provincial “teníamos casi un millón de delitos cometidos por año de estas características”.

La opinión pública se hizo eco durante dos días de esta “ligera” interpretación. Y lo hizo sin ningún atisbo de crítica. Los focos eran puestos en las víctimas de estos acontecimientos, es decir, en la “gente honesta”, según destacaba el cronista de C5N vuelto un criminólogo de estaño durante la marcha de la gente honesta de San Isidro. “Hay que dejar de proteger a los delincuentes y proteger a la gente honesta”, rogaba el locutor.

Por lo observado algunos días más tarde, el asesinato de Sara Josemovsky, en manos de dos ladrones que le dispararon con un arma de fuego para quitarle el dinero que, rato antes, había retirado de un banco cercano a su casa, no generó tanta sensibilidad social. Tenía 48 años y se dedicaba a vender ropa. Vivía en el barrio Santa Rosa, de Florencio Varela, lugar en el que la mayoría de las calles son de tierra. Tampoco tuvo mucho interés colectivo, al menos al punto de generar una movilización social como la ocurrida aquel domingo en San Isidro, el brutal asesinato de Raúl Alberto Lugones, de 36 años, que fue asaltado por un grupo de delincuentes en un barrio de General Pacheco y que, luego de robarle la campera y la plata, le pegaron un tiro en el pecho. Eso ocurrió cuando finalizaba su jornada laboral como repartidor a domicilio de remedios para una farmacia de la zona. Y menos importancia tuvo el asesinato del cabo de la Gendarmería Nacional Roberto Omar Centeno mientras hacía labores de vigilancia dentro de una garita ubicada en una entrada del complejo habitacional Ejército de los Andes, situado en el partido de Tres de Febrero. Tenía 28 años, era casado y con dos hijos, a uno de los cuales, de tan solo un mes de vida, aún no conocía por “cuestiones de servicio”, es decir, por brindarle seguridad a la “gente honesta”.

Sin dudas, el valor social, político y mediático de estas vidas plebeyas es infinitamente menor al de las víctimas de la clase alta de nuestra sociedad. En concreto, ante la trágica muerte de Sara Josemovsky, Raúl Alberto Lugones y Roberto Centeno, no hubo intendentes que declararan el “estado de emergencia” en sus municipios; tampoco se llevaron a cabo movilizaciones sociales con altísima exposición mediática; ni el gobernador Scioli dio conferencias de prensa prometiendo “mano dura” en la lucha contra el delito.

Lo cierto es que a los dos días del repudiable asesinato de Barrenechea, la policía ya tenía identificados a sus presuntos autores. No todos eran menores ni habitaban La Cava. Se trata de una banda de delincuentes del barrio carenciado Puerta de Hierro, de La Matanza, que, según la versión policial y del intendente Posse, forman parte de una organización criminal que usa menores de edad como mano de obra para realizar asaltos y robos a casas y residencias de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires. En definitiva, sólo algunos menores forman parte de esa banda, pero no la conducen ni le brindan apoyo logístico ni operacional, y la misma es de un distrito ubicado a algunos kilómetros de La Cava.

Resulta sorprendente y alentadora la celeridad policial en identificar y aprehender a los autores de tan lamentable hecho. Ello deriva de una refinada labor de inteligencia criminal que resulta, sin más, de la movilización de una extendida red de “buches” que no son más que delincuentes que trabajan como informantes para la policía. O, peor aún, son delincuentes que llevan a cabo acciones criminales con el beneplácito o protección de los sectores corruptos de la propia institución y con miras a engrosar la recaudación ilegal de la misma o de crear un clima de conmoción e inseguridad a través de la conformación de “zonas liberadas”.

Aquella tarde de domingo en San Isidro, las personas movilizadas fueron durísimas en las críticas hacia la política –quizá con justísima razón–- y hacia la justicia criminal, pero no así hacia la policía. Al contrario, parte de la demanda de la “gente honesta” expresada en la cobertura periodística del evento se centraba en un reclamo de mayor presencia policial en las calles y en la ya clásica demanda de dejar actuar a la policía sin controles y sin las repugnantes ataduras de las garantías procesales y las restricciones legales a la discrecionalidad policial. En este marco interpretativo, garantías y restricciones fueron una construcción institucional de la democracia y ello, sin dudas, benefició a la delincuencia.

Es cierto que la policía “detiene, detiene y detiene” tal como señaló la presidenta Cristina Fernández, pero aun cuando lo hace bien casi siempre el peso de la eficiencia aprehensiva recae selectivamente en los delincuentes pobres, rústicos, violentos y menos sofisticados, es decir, los más vulnerables. Son menos, mucho menos, casi insignificantes, las detenciones de delincuentes profesionales dedicados a la criminalidad de alta rentabilidad económica y de notoria visibilidad social –como el narcotráfico, la trata de personas, el corte de autos, etc.–, actividades que en gran medida son reguladas y regenteadas por los integrantes corrompidos de la propia institución policial.

De todos modos, lo importante es lo que queda, lo que dura. Y ello se resume en una ecuación heurística simple, clara, directa: las víctimas del delito violento son la gente honesta e inocente de cuantas ilegalidades se cometen en nuestra sociedad –la que, en general, pertenece a los sectores medios y altos– y los victimarios son menores marginales provenientes de las villas de emergencia situadas en nuestras grandes urbes y que para muchos de nosotros se desarrollaron en las últimas décadas por impulso natural del desarrollo social o del espíritu santo. Hace algunos días, el gobernador Scioli, con pose de sociólogo y con una enorme imprudencia política, sentenció que “las villas son como aguantaderos, lugares de alta peligrosidad, porque salen a robar y vuelven”. Le faltó recordar a Ruckauf cuando postulaba aquella gloriosa prédica de meterles bala a los delincuentes.

Es tan marcada esta porfiada interpretación que cuando estamos ante la presencia de delincuentes que no cuajan con estos perfiles se produce una crisis hermenéutica de gran porte. Para muestra basta un botón. Hasta hoy, las crónicas periodísticas que hacen referencia al asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina menciona a éstos como los “empresarios asesinados”. Se los llama “empresarios” sólo porque eran tres jóvenes “blanquitos” de la clase media, profesionales y que pertenecían a familias nucleares bien constituidas. Sin embargo, si estas víctimas hubieran sido “negritos villeros”, con certeza se los llamaría los “delincuentes o narcotraficantes asesinados”.

Lo otro que queda y perdura es la sensación de que a la inmensa mayoría de los políticos de nuestro país les preocupa la inseguridad real e imaginada de la gente sólo cuando ello genera un problema político que ponga en tela de juicio sus proyecciones o sus mandatos. Y si esto no es así, ¿por qué, luego que pasa el vendaval mediático o de la dramatización política no se llevan a cabo los estudios necesarios y se realizan los esfuerzos políticos e institucionales indispensables para establecer las bases concertadas de una política de seguridad democrática entre todos los sectores partidarios? ¿Por qué no se conforman coaliciones políticas y técnicas para implementar estrategias y reformas democráticas de la seguridad de manera consensuada? ¿Por qué no se abandona la perniciosa tendencia a “sacarnos manos” y “chicanearnos” entre los diferentes sectores políticos –oficialista u opositores– ante las cuestiones de la seguridad pública mediante el uso espurio del drama de muchos argentinos? ¿Por qué los problemas de seguridad resultan impermeable a un abordaje técnico y no así a la sobreactuación ideológica y al discursivismo fácil y berreta? ¿Será que se impone la creencia entre nosotros de que las diferencias ideológicas acerca de estos asuntos –diferencias necesarias e inocultables– son un obstáculo ontológico para dialogar y concertar normas, instituciones, políticas, estrategias y discursos? ¿Puede la brutalidad típica observada en gran parte de nuestros comportamientos políticos hacernos creer que el pacto entre actores políticos diferentes es traición y que la dignidad sólo se logra con la imposición hegemónica de discursos y primereadas? ¿Por qué los funcionarios y dirigentes no desisten de decir tonterías sin ninguna fundamentación técnica o conceptual, dando cuenta de que en el campo de la seguridad pública es posible hacer aseveraciones infundadas como no lo está permitido en la economía, la salud o la educación? ¿Por qué la mayoría de los políticos abandonaron tempranamente la función docente y de liderazgo social que todo gobernante o dirigente debe mantener aun a contramarcha de la “opinión pública”, de los medios agoreros y de los sectores sociales cuando sustentan una visión o reclamos contrarios a los principios democráticos? ¿Por qué se considera bestialmente que “hacer política” en temas de seguridad –y en otros– excluye per se cualquier tipo de análisis o estudio, bajo la visión de que ello es un puro intelectualismo incompatible con la política? ¿Por qué no saltó la mayoría de los dirigentes políticos de este país contra el intento chabacano de Scioli de estigmatizar a las villas de emergencia como reductos de delincuentes, recordándole que, en gran medida, esas villas y toda esa violencia delictiva no es más que el resultado directo e indirecto de un modelo económico y político llevado a cabo por el menemismo que lo tuvo a él como uno de sus principales referentes? Se trata de las inseguridades de la política argentina, la que parece haber perdido el rumbo en estos temas.

Marcelo Saín es Doctor en Ciencias Sociales (Unicamp, Brasil).

Taller de formación sindical, regional centro

Juventud — 2008-08-22T04:35:00Z

Comenzando el taller el día sábado 16/08 a partir de las 10:00 hs. con la presentación a cargo de la secretaria provincial de la Juventud CTA de Santa Fe, Eva Durá, quién dio la bienvenida como anfitriona y comento el desarrollo de la jornada. Acto seguido, Pablo Reyner, Director Nacional de Juventud CTA y Pablo Macía, de la Provincia de Buenos Aires, saludaron el encuentro por su importancia en la articulación de la región.

Antes de comenzar la capacitación, se presentó el video oCHEnta, Encuentro Internacional de Juventudes, recreando la experiencia de la juventud de la CTA en el Encuentro del ochenta aniversario del natalicio del Che Guevara, realizado entre el 12 y 15 de junio en la ciudad de Rosario, donde participamos en el Encuentro Internacional de Centrales Sindicales, en el encuentro de solidaridad con Cuba, el Acto de la Paritaria Social Juvenil y la movilización de Inauguración del Monumento al Che, junto a decenas de organizaciones juveniles de América Latina.

Luego del cortometraje de la juventud se desarrollo el Taller de Formación de Delegado Sindical, a cargo de Roberto Montero, dirigente del la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina.
Dicho expositor, inició el taller comentando su trayectoria como delegado estudiantil secundario en el centro de estudiantes durante los 80, continuando con su participación en el centro de estudiantes de la Universidad y luego en el ámbito sindical.

Algunos tópicos de la formación rondaron en torno a:

La posición del delegado en relación al modelo sindical, (si tiene personería gremial un solo sindicato por rama de actividad o es más plural tal como lo indica el convenio 87 de la OIT). Esto viene atado a las posibilidades de organizarse autónomamente, con libertad y democracia sindical o bajo la complicidad que se da mochas veces entre la patronal y la dirección sindical que cierra las posibilidades de discusión y elección de listas alternativas.

La toma de conciencia de que la patronal siempre “trabaja la cabeza de los compañeros” construyendo una hegemonía cultural que oculta los verdaderos intereses de clase. La patronal intenta convencer a los trabajadores de base, aislarlos de la conducción gremial, presionan a la familia de los trabajadores para que no reclamen, amenazándolos con el despido o la suspensión.

El delegado tiene que hablar cotidianamente con los trabajadores en el ámbito laboral, no solo en los momentos de crisis. Debe tener un conocimiento no sólo de sus condiciones de trabajo, sino también acerca de cómo están anímicamente, con sus familias, saber si estan pasando por momentos difíciles, esto es muy importante porque permite evaluar hasta donde pueden sostener la lucha en un conflicto.
El delegado tiene que ser:

Un compañero más: recorrer las secciones, el ámbito de trabajo, ser identificado por los compañeros como uno más, trabajar a la par de ellos.

Ser un organizador: entrar primero e irse último si es necesario, organizar las asambleas, los reclamos y el plan de lucha a proponer, qué papel va a jugar cada compañero, identificar las capacidades de los compañeros, quién habla o gestiona mejor, quién aguanta en los momentos más conflictivos, etc.

Ser un dirigente: determinar que reivindicaciones van impulsar en lo inmediato, a los fines de poder lograrlas, y que reclamos quedan para más adelante, estratégicamente, cuando oesten más organizados.

Ser un buen comunicador: recorer lugar por lugar, hablar con los compañeros de sus cuestiones personales, entender lo que piensan, hasta donde pueden llegar, conocer a un “gatillo” (un compañero que agite pero que despues no pueda sostener lo que plantea).

4 dimensiones del conflicto gremial:

1. Dimensión Jurídico legal: conocer perfectamente la normativa que defiende los derechos laborales de los trabajadores, buscar recursos jurídicos para apoyar las demandas de los trabajadores.
2. Dimensión gremial: conocer el poder del sindicato, la relación de fuerzas que puede establecer, la importancia dentro del sistema productivo, los años de acumulación de fuerzas que tiene el sindicato, etc. También es importante saber si el sindicato va a apoyar y hasta dónde el reclamo de los trabajadores de la fábrica, etc.
3. Dimensión Administrativa: conocer los recursos administrativos y burocráticos para llevar adelante las demandas, muchas veces las patronales se escudan en estos trámites para desentenderse de los reclamos.
4. Dimensión política: conocer el marco de relaciones de fuerza globales, que aliados tiene la patronal (otras empresas, funcionarios públicos, etc.) y que alianzas tienen los trabajadores (articulación con otros gremios, movimientos sociales, funcionarios públicos, diputados, personalidades públicas, actores, llevar los reclamos a los medios de comunicación etc.) Tener un trabajo de inteligencia para conocer los puntos débiles de la patronal.

Forma de construcción de poder en la fábrica: el trabajo de organización sindical en la fábrica es complejo, la patronal está todo el tiempo intentando detectar a los cuadros sindicales para aislarlos de los compañeros o echarlos. Muchas veces (la mayoría) no hay que intervenir activamente en los primeros conflictos, sino hacer un trabajo solapado, que requiere tiempo, para estar lo suficientemente preparados para cuando se inicia un conflicto. Los delegados muchas veces no conducen, hay que ir empujándolos reclamarles, pero no es factible saltar sobre ellos porque el sindicato se puede poner en contra y debilitar la lucha.

1. No hay delegado sin asamblea: el delegado se fortalece si expresa las desiciones del conjunto de los trabajadores, colectivamente tienen que debatir hasta donde estan dispuestos a pelear para ganar los reclamos que van a llevar adelante.

2. Evaluación permanente: hay que sistematizar la experiencia, evaluar las jugadas de la patronal, redefinir la estrategia si es necesario, pensar las jugadas a futuro de la patronal. Debatir el conflicto con los compañeros.

Por último, llegamos a la conclusión de que hay que seguir sistematizando experiencias, conocer los conflictos, elaborar materiales de formación.

Luago del almuerzo, continuamos reflexionando sobre la exposición del taller e intercambiando nuestra propia experiencia como dirigentes juveniles en el ámbito laboral, las diferencias entre el sector público y el privado, las diferencias entre el trabajo barrial y el estudiantil.

También hicimos una puesta en común de la realidad de nuestro país, cómo fuimos desarrollando la paritaria social juvenil, los puntos de la agenda que llevamos adelante en materia de trabajo, educación, salud, derechos a la integración en los barrios, con acceso a la cultura y al deporte que puedan generar una mayor identidad entre los jóvenes para reconstruir canales solidarios de participación. Se planteó cómo continuar con el proyecto de primer empleo, para que resuelva la situación de muchos compañeros que no pueden acceder al trabajo digno, además de buscar estrategias para desarrollar emprendimientos productivos que puedan tener continuidad y ser viables. Se planteó el debate de qué modelo productivo queremos en nuestro país, donde se desarrolle la producción de trabajo con valor agregado, impulsando un modelo industrial que nos de soberanía y autonomía sobre al modelo exportador de materias primas que impulsan los sectores concentrados del sector agropecuario, minero y petrolífero. En este marco se evaluó el conflicto de las enttidades patronales agrarias por el decreto 125 del poder ejecutivo, que instauraba las retenciones móviles a la exportación de soja. Se evaluó que necesitamos un mudelo agrario que beneficie a la agricultura familiar, a los trabajadores rurales y al desarrollo de los pueblos, pero para esto hay que gravar a los sectores concentrados del campo que producen monocultivos de soja y que eliminan áreas de producción de alimentos que consumen los trabajadores, aumentando el precio de los mismos en perjuicio del salario de los sectores mas vulnerables de los trabajadores.

Se concluyó que tenemos que reinstalar el debate por la redistribución de la riqueza, interviniendo activamente en la agenda pública, planteando como eje la asignación universal básica (salario familiar) para el conjunto de los hijos de los trabajadores (trabajadores no registrads, desempleados etc.) A su vez vamos a redoblar los esfuerzos para instalar los temas de agenda de la Paritaria Social Juvenil, ganando el espacio público en las calles, los barrios, las escuelas y los ámbitos de trabajo para concluir en una movilización con el conjunto de las organizaciones juveniles de nuestro país.

– Día DOS:
El segundo día desarrollamos las cuestiones organizativas de la juventud de la CTA para impulsar las iniciativas que llevamos adelante. Planteamos como tema organizativo la toma de conciencia de que tenemos que sostener nuestras iniciativas buscando financiamiento en tres ejes: 1. elaboración de iniciativas de la juventud para conseguir recursos: afiliación y cobro de la cuota sindical, festivales solidarios, campaña financiera, venta de rifas, comestibles y emprendimientos producivos. 2. propuestas hacia el conjunto de la CTA, elaborando iniciativas planificadas, fundamentando la importancia de la construcción de la juventud trabajadora, para que el conjunto de los trabajadores pueda hacer un aporte a esa estratégia. 3. El reclamo hacia el estado, nacional, provincia y municipal, para que destine los recursos públicos hacia el desarrollo de los derechos de la juventud, redistribuyendo recursos hacia las necesidades concretas que se plantean en los territorios.

También planteamos la necesidad de tener material gráfico que pueda comunicar nuestras propuestas para instalar en la juventud nuestros reclamos, poder conversar, dialogar y acercarlos hacia la organización juvenil.

Otro punto central fue el que planteó el equipo nacional de comunicación de la juventud de la CTA: donde Nicolás Bergagna, el coordinador, desarrollo un cuadernillo del rol del delegado barrial, estudiantil y sindical que sirva de formación para nuestros compañeros en la intervención de los frentes de trabajo que estamos desarrollando en el territorio.
Además abordamos la necesidad de mejorar y desarrollar la comunicación, el intercambio de experiencias y las noticias que sirvan para replicar en toda la región las iniciativas que llevamos como juventud. Planteamos que tenemos que tener nuestra propia comunicación ya que los medios masivos de comunicación no toman nuestros reclamos sino que sirven para establecer una cultura hegemónica que incentiva a la sociedad y a los jóvenes en particular al individualismo, al consumismo y a la aceptación de lo dado como única vía de organización social. Se planteó trabajar en el impulso de una nueva ley de radiodifusión donde las organizaciones sociales tengan protagonismo y reviertan la concentración mediática de los grandes grupos económicos.

Terminamos haciendo un panorama de la agenda de juventud que tenemos para la segunda parte del año, instalando fuertemente la Paritaria Social Juvenil, en septiembre “Mes de la Juventud Argentina” realizando actividades de difusión de derechos juveniles en los barrios, en las escuelas y en el sector privado para finalizar en la Movilización de la Agenda Social Juvenil al Congreso Nacional.

Conclusiones de Encuentros de delegados Estudiantiles Distritales

2008-07-23T20:25:29Z

Desde la CTA estamos impulsando la conformación de los Centros de Estudiantes porque sabemos que la participación y la organización son una practica que nos va a servir a todos para reconstruir los lazos solidarios y la identidad que necesitamos como pueblo para defender nuestros derechos.
Es fundamental que los estudiantes puedan tener espacios donde ganar experiencias en el debate, la discusión, el consenso y la negociación con sus compañeros de aula, con los cuerpos de delegados, y en el Centro de Estudiantes, así como también en el dialogo con los profesores, directivos de escuelas y funcionarios responsables dei Sistema Educativo. Esa practica de discusión y organización les va a servir para trasladar a otros lugares don¬de participar, ya sea un club barrial, una biblioteca popular, un centro cultural, una socie¬dad de fomento, o un partido político. También les va a servir para organizarse el día de mañana en sus puestos de trabajo para defender sus derechos.

Pero además de ser herramienta solidaria con la cual podamos comenzar a tomar responsabilidades sobre las cuestiones públicas que nos competen a todos, la participación se hace fundamental en la sociedad actual para poder desempeñarnos en la vida adulta.
En consecuencia esta claro que a mayor participación popular, vamos a conseguir mejores condiciones para una vida digna. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, los jóvenes comienzan a darse cuenta que si se organizan podrán ganar. Podrán conseguir que los derechos se empiecen a respetar.

Por eso quisimos rescatar algunos de los momentos que compartimos con alumnos de las escuelas secundarias de muchos distritos de nuestra Provincia de Buenos Aires y poder hacer de este cuadernillo una herramienta que a nuestros jóvenes le sirva como la fuer¬za que no se detendrá en la búsqueda de más justicia, más educación, más salud, más trabajo y condiciones dignas para todo nuestro pueblo.

Rosana Merlos: Secretaria de Derechos Humanos SUTEBA-CTA Pcia. Bs As.

Pablo Macía: Secretario de Juventud CTA Pcia. Bs. As.

A continuación, presentamos las principales conclusiones que los estudiantes sacaron de los encuentros:

La escuela que tenemos

INFRAESTRUCTURA
Falta de Higiene. Falta de laboratorios. Calefactores sin mantenimiento. Pocas aulas. Falta de bibliotecas. Discriminación a las escuelas de los barrios.
Poco espacio para actividades. Descuido general en las aulas. Baños sin agua. Falta de comedores escolares. Salones que se llueven. Problemas eléctricos. Salas de video, laboratorio, bibliotecas que son utilizados como aulas. Mal estado de los bancos, mesas, pizarrones.
Inseguridad en los edificios, faltan salidas de emergencias. Sectores de la escuela inhabilitados.

RELACIÓN ALUMNOS DOCENTES
• Falta de Comunicación.
• Que los docentes nos obligan a hacerr cosas que ellos no cumplen.
• Problemas en la formación.
• Decisiones tomadas sin explicación.
• Ausentismo de los profesores y falta
de cobertura de suplentes.
• Profesores que llegan tarde.

DIRECTIVOS
No facilitan la organización de los estudiantes.
Autoritarismo de los directivos. Sanciones disciplinarias severas y sistemas de sanciones no acordadas con los estudiantes. Adultos generadores de conflictos.

RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES
• Malos tratos entre los compañeros.
• Respeto hacia otras formas de expresión o manifestaciones: música, ideología, etc.
• Mala utilización de los materiales existentes.
• Falta integración entre los estudiantes.

PROBLEMAS SOCIALES
Alumnos sin ganas de estudiar, como consecuencia del desgano. La falta de proyectos, el contexto social, familiar, el fracaso reiterado debe ser analizados para explicar las causas del "no quiero estudiar" Poca exigencia de padres y maestros

PROGRAMAS DE ESCUELAS
Modalidades o Materias que no son in¬teresantes para los alumnos. Desarticulación que existe entre el EPB, ESB y POLIMODAL.

COMUNICACIÓN
• No se escuchan las opiniones de los
alumnos.
• No se respeta lo que dicen los docentes.

DERECHOS
• Discriminación entre los estudiantes
• Desigualdad entre hombres y mujeres.
• Maltrato de los profesores y precepto¬
res a los alumnos.

La Escuela que queremos

INFRAESTRUCTURA
Edificio Propio. Seguridad en infraestructura escolar.
Lugar apto para hacer gimnasia.
Provisión de elementos de higiene.
La ESB y la EPB con edificios propios y separados.
El ESB con mayor cantidad de espacios diferenciados: que los docentes no tengan que compartir espacios con los auxiliares, que la preceptoría no sea el gabinete.
Aulas acondicionadas con ventiladores, calefacción, pizarrones, mesas, y sillas
Salas de informática. Laboratorios completos.
Que sea importante cuidar la escuela como espacio público.
Que la escuela tenga bibliotecas populares (abiertas a la comunidad) y que pueda ser un lugar de estudio. Que la escuela secundaria conste con cantidad de aulas para tener cursos de 15 pibes, donde se puedan mirar a la cara. Escuelas guarderías para los hijos de las madres estudiantes. Que exista material didáctico.

RELACIÓN ALUMNOS DOCENTES
Respeto por parte de los adultos.
Encuentro con los docentes para ver como va la clase.
Ser permisivos con las faltas con los pibes que trabajan.
Docentes que reiteren las explicaciones.
Docentes comprensivos.
Control de llegadas tardes para profesores y alumnos por
igual.
Que se capaciten los docentes.

DIRECTIVOS
• Terminar con el autoritarismo de los directivos.
• Autoridades que no dejen pasar por alto los hechos de
discriminación que se dan en cada escuela porque son
el fiel reflejo de una construcción social.
• Adultos como mediadores.

RELACIÓN ENTRE ESTUDIANTES
• Reuniones de delegados más frecuentes.
• Igual criterio entre varones y mujeres con respecto al
uso de guardapolvos.
• Promover los centros de estudiantes.
• Un delegado por curso.
• Armado de redes entre pares.

PROBLEMAS SOCIALES
Desayuno y merienda para todos los pibes acorde a las necesidades alimentarías.
Fomentar el compañerismo y no el individualismo. Compromiso de los padres y la escuela. Que el estado garantice que los chicos vallamos a la escuela. Acceder a través de la escuela a asistencia médica.

PROGRAMAS DE ESCUELAS
• Clases de educación sexual y prevención de enfermedades, tratamiento de adicciones.
• Una Escuela organizada con reglas claras para todos.
• Auxiliares para laboratorio.
• Gabinetes Psicopedagógicos en todas las escuelas para
acompañar a alumnos.
• Revalorización de la enseñanza de lenguas originarias.
• Buena organización de los actos escolares, con participación genuina de los alumnos.
• La escuela debe ofrecer talleres, mas allá de las materias obligatorias, para aprender cosas que nos sirvan para la vida.

COMUNICACIÓN
Profesores que respeten y escuchen. Que los alumnos sean escuchados y que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
Aprender y enseñar a mirarnos, ayudándonos mutuamente. Fomentar el debate.

• A la libertad de expresión y opinión.
• A la recreación.
• A la identidad.
• A educarse.
• Igualdad ante la ley.

www.ctabsas.org.ar secjuventud@buenosaires.cta.org.ar

www.suteba.org.ar derechos-humanos@suteba.org.ar

La situación actual de la industria desde la pespectiva de los trabajadores

Juventud — 2008-04-28T13:58:58Z

Desde el punto de vista de los trabajadores, el desarrollo de la industria en nuestro país es fundamental para recobrar porciones de soberanía nacional y revertir la dependencia de los países centrales. Los Economista Jorge Schvarzer y Ricardo Aronskind, de la UBA, describen la situación actual de la industria para que podamos realizar una perspectiva desde los trabajadores. Fuente Página/12.

¿Cuál es la situación de la industria?

Después de la política de destrucción del entramado industrial en la década del noventa, la recuperación ha sido muy fuerte luego de la crisis de 2001. Tareas pendientes en cuanto a diversificación y a financiamiento público de largo plazo.

Por Jorge Schvarzer *
Evolución impresionante

A partir del colapso de la convertibilidad, la industria recuperó un brío que ya pocos le asignaban. Su rápido crecimiento permitió que alcanzara niveles nunca registrados: hoy, su valor agregado se ubica más de 30 por ciento encima de los mejores niveles de la década de 1990 (que no eran nada especial pero sirven como comparación) y, por lo tanto, de cualquier otro período anterior. En esa marcha, ella fue uno de los mayores aportantes al avance del Producto y, en el proceso, absorbió una masa de mano de obra que le permitió contribuir, como pocos, a reducir el flagelo del hambre y la desocupación. Además, buena parte de esos trabajadores reciben salarios razonables en estas épocas por tratarse de personal calificado.

No sólo eso. La industria encaró una exitosa salida al exterior y ya ofrece uno de los mayores aportes de divisas al país. Los 9000 millones de dólares de incremento de las exportaciones de MOI (manufacturas de origen industrial), comparado con 2002 o con 1997, explican casi todo el superávit de la balanza comercial argentina. Aunque pocos lo digan, su evolución resulta mucho más impresionante que la de la soja, que presenta una ventaja de precios mayor que la de magnitudes, y porque genera, además, empleos y eslabonamientos productivos internos decisivos para el progreso nacional. Cuanto más avancen esas exportaciones, menos dependerá el país de un monocultivo y más de una variedad de actividades sofisticadas. Esas ventas al exterior señalan que la industria local es competitiva en los mercados del mundo en precio y calidad y sugieren que ha superado la etapa de dedicación exclusiva al mercado interno (de la que todavía siguen hablando los profetas del fracaso).

Estos éxitos contrastan con el acoso que sufrió la industria durante décadas. Desde 1976 hasta 2001, con excepción del interregno alfonsinista, fue perseguida por las estrategias llamadas “aperturistas” así como por la supuesta ortodoxia de los monetaristas que querían y todavía quieren destruirla. El prolongado atraso del tipo de cambio (1978-1981 y 1990–2001), la liquidación de casi toda protección arancelaria, el cierre de las fuentes de crédito a largo plazo (entre las que se destaca el cierre inédito del Banade), el desmantelamiento de los mecanismos de promoción le infligieron heridas cuyas cicatrices todavía hoy se perciben.

Ramas enteras de actividad desaparecieron –la electrónica y muchos fabricantes de bienes de capital– y otras se achicaron hasta hacerse irreconocibles –textiles y calzado–, mientras que se desarticulaba el tejido industrial y se rompían los eslabonamientos virtuosos entre sus partes. Sólo en la década de 1990 desapareció, según censos, el 30 por ciento de los establecimientos fabriles y una proporción semejante de empresarios, técnicos y obreros. Esa pérdida de equipos y conocimientos es irreparable en el corto plazo. La ruptura de la voluntad de invertir de numerosos empresarios pymes se explica por esa historia terrible que casi no tiene antecedentes en el mundo.

Ningún paciente critica a su médico porque una semana después de tener un infarto no puede correr por Palermo. Al contrario, le agradece haber salvado la vida. La industria argentina atravesó una crisis semejante a un infarto y hoy muestra que parte de ella sigue viva y activa. No se le puede criticar que todavía no haya encarado un cambio estructural –como se dice en la jerga– sino mostrar que ahora ese camino es posible y deseable para el país. Una tarea formidable que se debe emprender con todo el apoyo posible para derrotar el discurso del país “chico” de quienes creen que la Argentina puede crecer basada en el agro. La Argentina sólo podrá ser un país desarrollado si se afirma en una estructura productiva basada en una industria moderna y eficiente acompañada, por supuesto, de la oferta agraria que no se puede ni debe desaprovecharse, aunque sin ponerla en el trono que pretenden sus corifeos.

Esa tarea requiere el firme apoyo de la opinión pública. Requiere, también, una política oficial que oriente a la industria, y a todas las actividades productivas del país, hacia el desarrollo mientras forja las herramientas necesarias para consolidarla. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la recreación de un banco de desarrollo son pasos para ello pero faltan más, muchos más, para lograrlos. Reclamemos que se asuman.

* Director del Cespa-UBA.

Por Ricardo Aronskind *
Un Estado que funcione bien

¿Hay espacio en el mundo para la industria argentina? Depende. Mirando hacia adentro de nuestras fronteras, el mercado podría crecer enormemente, incorporando al consumo al 40 por ciento de habitantes que tienen hoy ingresos de subsistencia. Una política distributiva y socialmente inclusiva incrementaría en 2/3 los consumidores locales. Ese mercado ampliado, sin embargo, no estaría reservado exclusivamente para los empresarios locales: ni la protección arancelaria ni la cambiaria pondrán al mercado interno “a salvo” de la competencia importada, que ya es un dato de la realidad.

¿Y externamente? Es una tarea que requiere perseverancia: las prácticas proteccionistas y neoproteccionistas existen, y si se contrae la demanda mundial debido a la crisis norteamericana, las mismas se agudizarán.

Muchas firmas argentinas han penetrado en mercados no sólo regionales y han sostenido sus posiciones a pesar del escaso respaldo con que han contado, lo que demuestra que es posible para empresas no sólo grandes, competir con posibilidades en el mercado mundial.

La clave está, seguramente, en detectar cuáles son las actividades que las empresas argentinas pueden encarar exitosamente. Hay dos segmentos en los cuales no sobrevivirán: el de productos que pueden ser fabricados con mano de obra con remuneraciones de 100 dólares al mes y los productos extremadamente sofisticados tecnológicamente, cuyo know how es por ahora inaccesible para el tamaño de las firmas locales. Entre ambos extremos hay una enorme cantidad de bienes que pueden ser producidos y que requieren esfuerzos de mejoramiento de los estándares de calidad, certificaciones técnicas y ecológicas, y adecuadas estrategias de comercialización y financiación.

Nada de eso está fuera de las posibilidades locales, pero hacen falta cambios importantes en las prácticas individuales y colectivas. A nivel empresario se requiere convicción en cuanto a la necesidad de avanzar en la sofisticación de los productos, para diferenciarlos y acceder a mercados más solventes. Eso requiere disposición innovativa, utilización intensiva de especialistas y técnicos en diversas áreas, capacitación del personal y actualización permanente en cuanto a los mercados y las prácticas internacionales. También disposición a asociarse con otros empresarios para realizar acciones de mutuo beneficio (compartir información, explorar mercados, producir bienes complejos, defenderse frente al proteccionismo).

El sector público puede constituirse en un respaldo real del empresariado nacional, para lo cual no deberá incurrir en los errores del apoyo sin condiciones del pasado. Los instrumentos con los que el Estado impulse la transformación empresaria deberán incluir metas precisas –verificables– en cuanto a calidad y competitividad que las mismas deberán lograr. El crédito público deberá acompañar al ingreso a otros mercados –la posibilidad de financiación es un argumento comercial de primer orden– y estimular a los sectores más dinámicos e innovativos. Las políticas públicas deben diseñarse considerando las características de los actores realmente existentes, tanto para responder a sus necesidades como para encontrar los estímulos efectivos para orientarlos hacia la modernización.

Tan importante como las medidas sectoriales específicas, será la estabilidad de ciertos parámetros macroeconómicos: tipo de cambio competitivo, inflación controlada, nivel de actividad sin bruscas oscilaciones, que den certeza sobre los resultados a obtener si se encara la tarea de la reconversión, además de la adecuada provisión de servicios de infraestructura, energía. Es decir, un Estado que funcione bien. Ese marco estable, previsible, es uno de los mejores argumentos para que la necesaria inversión se realice. El desafío no es menor, considerando los descalabros pasados en materia económica, que reforzaron el cortoplacismo de los empresarios. La reconversión de la industria hacia estándares que garanticen su viabilidad en el mediano plazo implica una nueva articulación entre lo público y lo privado, es decir, una ruptura importante con una historia económica de fracasos compartidos.

* Investigador-docente de la UNGS-UBA.

Fuente: Pagina/12

RESOLUCIÓN 4900/05

Juventud — 2008-04-15T20:05:28Z

La Plata, 15 de septiembre de2005

Visto el expediente N°5802-562527/05, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la ley N°23.849 y consagrada por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, el artículo 43 inc. e) de la Ley Federal de Educación N°24.195, el artículo 13 inc. b) de la ley N°24.521- Nacional de Educación Superior- y el art. 21 inc. e) de la ley 11.612- Provincial de Educación , y;

CONSIDERANDO:

Que, en un contexto democrático la constitución del ciudadano incluye la toma de decisiones de dimensión social, por lo que es imprescindible que la comunidad educativa considere las demandas y cuestionamientos de sus miembros, brinde atención y espacio para sus iniciativas, y sobre todo, garantice experiencias positivas con respecto al derecho de opinar y proponer;

Que, reconocer la sustantividad política de lo pedagógico implica generar espacios institucionales de diálogo y pensamiento crítico, en busca de la resignificación de lo público;

Que, en este sentido y frente a la crisis de valores sociales, las instituciones educativas deben trabajar sobre los pilares democráticos de representatividad, protagonismo, organización y práctica política;

Que, tanto el Plan Educativo Provincial 2004/2007 como el marco del diseño curricular jurisdiccional, impulsan una organización escolar que promueva ámbitos de participación democrática, con canales abiertos a la tarea compartida y a las decisiones consensuadas;

Que, el ejércicio de prácticas democráticas institucionales consolida una educación para la democracia, la formación de mejores ciudadanos y la construcción de una sociedad con mayor justicia social;

Que es derecho constitucional de niños, jóvenes y adultos la libertad de asociación;

Que, asimismo la normativa nacional y provincial reconoce el derecho de todos los estudiantes a integrar centros, asociaciones y clubes u otras organizaciones comunitarias, para participar en el funcionamiento de las unidades educativas;

Que la formación de organizaciones estudiantiles abre espacios de participación para el ejercicio de sus derechos en un contexto de interacción comunitaria;

Que la escuela debe ser un espacio social en la que niños, adolescentes y jóvenes puedan vivenciar prácticas que le permitan desarrollar un pensamiento reflexivo, discernimiento valorativo y criterios éticos;

Que, el desarrollo de modelos democráticos estudiantiles coadyuvará el afianzamiento de una nueva cultura institucional escolar que consolide su dimensión social, y el compromiso de la Educación y el conocimiento como parte esencial de la dinámica global de la sociedad;

Que, en este sentido, es necesario fortalecer a los docentes de la institución escolar en sus acciones pedagógicas destinadas a la construcción de proyectos de participación estudiantil, teniendo en cuenta la importancia de los conocimientos, procedimientos y actitudes en la adquisición de competencias para la inserción , comprensión y transformación del mundo social;

Que para ello resulta de importancia la promoción de un cambio en la cultura institucional que permita articular el proyecto educativo de la escuela con la constitución de los centros de estudiantes;

Que, el Estado debe garantizar un marco normativo y orgánico como herramienta para el desarrollo de los procesos que impliquen democratización en las instituciones, legitimidad de la representación y respeto por los derechos de la comunidad educativa;

Que, en uso de las facultades conferidas por el artículo 33 inc. b), e) y u) de la ley N°11.612- Provincial de Educación- faculta el dictado del presente acto administrativo;

Por ello;

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1°-Aprobar el Modelo de Estatuto para Centros de estudiantes de la Provincia de Buenos Aires, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución.----------------------------------------------

Artículo 2°- Establecer que las respectivas Direcciones Docentes podrán reglamentar el Modelo de Estatuto para Centros de Estudiantes, a fin de adecuar el mismo a las especificidades propias para los distintos niveles y modalidades.--------------------------

Artículo 3°- Establecer que el Modelo de Estatuto para Centros de Estudiantes y la Reglamentación que en su consecuencia se dicte, será de aplicación para la constitución y el reconocimiento de dichas organizaciones estudiantiles en todos los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires.-------------------------------

Artículo 4°- Establecer que el reconocimiento de los Centros de Estudiantes de los servicios educativos de los distintos niveles y modalidades, estará a cargo de las respectivas Direcciones Docentes.

Artículo 5°- Establecer que las Jefaturas Distritales llevarán el Registro de los Centros de Estudiantes reconocidos del Distrito, en el que deberá consignarse el establecimiento educativo al que pertenecen, su integración y período de mandato.----------------------

Artículo 6°- Los Inspectores, equipos de conducción y docentes deberán promover e impulsar la constitución y desarrollo de los Centro de Estudiantes mediante el sostenimiento de acciones institucionales y educativas conducentes.--------------------------------

Artículo 7°- Establecer que la presente Resolución será refrendada por la Señora Subsecretaria de Educación.----------------------------

Artículo 8°- Registrar esta Resolución que será desglosada para su archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia autenticada de la misma; comunicar al Consejo General de Cultura y Educación ; a la Subsecretaría de Educación, a la Subsecretaría Administrativa; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Estatal; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada; a la Dirección de Política Socio- Educativa; a la Dirección de Comunicación y Prensa; a la Dirección Provincial de Educación Superior y Capacitación Educativa; a la Dirección de Inspección General, y por su intermedio a las Jefaturas Regionales y Distritales; a la Dirección de Educación Superior; a la Dirección de Educación Artística; a la Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional; a la Dirección de Educación Polimodal y Trayectos Técnico Profesionales; a la Dirección de Educación Secundaria Básica; a la Dirección de Educación Inicial; a la Dirección de Educación Física; a la Dirección de Educación Especial, a la Dirección de Psicología y asistencia Social Escolar y por medio éstas a quienes corresponda. Cumplido, archivar.----------------------------

RESOLUCIÓN N°4900

ANEXO I
MODELO DE ESTATUTO PARA CENTROS DE ESTUDIANTES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
DOMICILIO
LOCALIDAD

I FINES/ OBJETIVOS

Fines

ARTÍCULO 1°: Los Centros de Estudiantes perseguirán los siguientes fines:
a. Defender y asegurar el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles creando un ámbito de acción.
b. Participar en las soluciones a las problemáticas estudiantiles.
c. Fomentar el debate, la participación y el espíritu crítico.
d. Velar la tarea académica y administrativa de las instituciones educativas.

Objetivos

ARTÍCULO 2°: Serán objetivos de los Centros de Estudiantes:
a. Representar equitativamente a los alumnos de la institución estudiantil, saciando sus necesidades e inquietudes.
b. Fomentar la participación de los alumnos en cuestiones que sean de su preocupación, realizando actividades de carácter culturales, artísticas, recreativas, de esparcimiento, deportivas y sociales en pos de la consecución de los ideales de igualdad, solidaridad, lealtad, libertad, democracia, justicia y no discriminación.
c. Contribuir al desarrollo de una cultura pluralista donde el debate de las cuestiones de interés público estén directamente relacionadas con la búsqueda de consenso y la armonización de las diferencias a través de la deliberación.
d. Apelar a la responsabilidad de los alumnos y a sus capacidades para darse sus propias formas de representación, perfeccionando sus capacidad de elegir, optar, decidir libre y responsablemente, permitiendo de este modo su participación, posibilitando el aporte de las expresiones individuales.
e. Comprometer al conjunto de la comunidad educativa en la discusión de los temas que le conciernen y de aquellos que hacen a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la armonía e integración de todos los componentes de la unidad educativa ( alumnos, profesores, directivos, etc.)
f. Fomentar el intercambio de ideas con otras instituciones educativas y dentro de los ámbitos de representación regionales y provinciales.

De Los Miembros

ARTÍCULO 3°: Podrán participar de los Centro de estudiantes todas aquellas personas que acrediten ser estudiantes regulares del establecimiento educativo respectivo, como único requisito.

De La comisión Directiva
ARTÍCULO 4°:La comisión Directiva estará conformada como mínimo por los siguientes miembros:
Un (1) Presidente.
Un (1) Vicepresidente.
Un (1) Secretario.
Un (1) Tesorero.
Tres (3) Vocales.
Un (1) Consejero Docente.

Funciones

ARTÍCULO 5°:Las funciones de los integrantes de la Comisión Directiva son:

Presidente: Efectuar la convocatoria de las asambleas y reuniones de Comisión Directiva, presidirlas y dirigir el debate; participar de las asambleas con voz y voto, desempatar con su voto en caso de empate; firmar actas y todo otro documento del Centro de Estudiantes; representar al Centro de Estudiantes, actuando en su nombre con la anuencia de la Comisión Directiva; revisar, cuando crea oportuno, los Libros de Tesorería y de Secretaría; autorizar pagos; cumplir y hacer cumplir el Estatuto y las resoluciones de la asamblea; delegar el mandato en el Vice- Presidente, en caso de ausencia temporaria o alejamiento definitivo del Centro de Estudiantes; Convocar a Asambleas Extraordinaria en caso de necesidad; atender todas las demandas de los estudiantes. Tiene además, la obligación de convocar por lo menos a una Asamblea General al finalizar su gestión, en la misma se presentará el Memorando y el Balance de lo actuado durante su mandato. Esta Asamblea General deberá ser convocada con un mínimo de diez(10) días de anticipación.

Vicepresidente: Secundará en sus funciones al Presidente y gozará de los mismos deberes y atribuciones cuando le corresponda reemplazarlo; coordinará las tareas entre las Comisiones de Trabajo y controlará su funcionamiento.

Secretario: Redactar y firmar las actas de reuniones junto con el Presidente, hacerlas aprobar y darles publicidad; redactar las comunicaciones, correspondencias y toda otra documentación, conservando copias de las mismas en los libros respectivos.

Tesorero: Administrar las finanzas del Centro de estudiantes, teniendo como misión llevar ordenada la contabilidad del Fondo Social; recibir el dinero que ingrese en caja, siendo responsable de lo que recaude y de los gastos que se efectúen, recibir de su antecesor los libros de Memoria de Balance, como así también efectuar los movimientos de dinero realizados.

Vocales: Representar al estudiantado en las reuniones de la Asamblea; informar a los estudiantes en reunión de Comisión Directiva, las definiciones y acuerdos surgidos de la Asamblea; participar activamente de las reuniones de la Asamblea con voz y voto; trasladar a la asamblea las inquietudes, opiniones, decisiones y propuestas surgidas de los estudiantes.

Los integrantes de la Comisión Directiva tendrán además, aquellas facultades que se encuentren razonablemente implícitas en su competencia o sean inherentes a sus funciones, de acuerdo a los fines en ellas establecidas.

ARTÍCULO 6°: Se penará a los vocales de la Comisión Directiva que falten dos (2) veces seguidas o cuatro (4) alternadas en forma injustificada a las reuniones del Centro de Estudiantes. Las penas serán: la primera vez que cometa la falta tendrá voz pero no voto. Si comete la falta por segunda vez no tendrá ni voz ni voto. Si comete la falta por tercera vez se le otorgarán penas mayores decididas por la Comisión Directiva, incluyendo su expulsión. Quedará a consideración de la Comisión Directiva las explicaciones que pertinentemente dé el participante y las resoluciones que en ese sentido se dicten quedarán asentadas en actas.

De los Consejeros Docentes

ARTÍCULO 7°: Los docentes que actúen como Consejeros de la Comisión Directiva podrán presenciar las reuniones en caso de solicitud de los miembros o cuando las necesidades propias de su función así lo requieran.
Son funciones de los Consejeros Docentes, sin perjuicio de las que le encomiende la Asamblea de Representantes o el Centro de Estudiantes, las siguientes: Asesorar a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes en todo lo relativo a la normativa vigente en materia docente y curricular; evacuar todas las consultas que se le formulen y en especial aquellas que se encuentren vinculadas al que hacer institucional. Su función es meramente consultiva y de asesoramiento en todas las cuestiones relativas a la vida estudiantil y docente a fin de que el Centro de Estudiantes pueda cumplir con los fines y objetivos establecidos.

De las Asambleas

ARTÍCULO 8°:

1. Los estudiantes regulares de cada ciclo, consagrarán por voto secreto y directo, un (1) Delegado Titular y dos (2) Suplentes por curso, que en un plazo no mayor a los veinte (20) días deberán constituir la Asamblea de Representantes, siendo el órgano máximo de representación del Centro de Estudiantes
2. La Asamblea estará compuesta por un (1) Delegado Titular de cada curso, un representante de cada Comisión y los Vocales integrantes de la Comisión Directiva.
3. En el mismo acto eleccionario se podrán elegir Consejeros Docentes.

a) Habrá dos tipos de Asambleas: Ordinarias y Extraordinarias.
b) La Asamblea, será coordinada por el Presidente del Centro de Estudiantes, pudiendo ser elegido un Secretario de la misma, por única vez en la primera reunión de la Asamblea, durando su mandato un año, al igual que los integrantes de la comisión Directiva.
c) Las reuniones de la Asamblea son abiertas a todos los estudiantes, teniendo voz pero sin voto.
d) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los vocales, representantes y delegados presentes. En las reuniones de la Asamblea los Delegados Titulares tendrán voz y voto. Los Delegados Suplentes solo voz.
e) Son deberes y derechos de los delegados y representantes: participar de las reuniones de Delegados de Curso ( solo para delegados) y de la Asamblea de Representantes; representar y llevar las propuestas de su curso o comisión a la Asamblea; informar al curso definiciones y acuerdos surgidos de la Asamblea; promover la participación de sus compañeros de curso en las actividades propuestas por el Centro de Estudiantes a través de las comisiones, deberán conocer el Estatuto del Centro y la presente reglamentación.
f) Son deberes y derechos de la Asamblea de Representantes: autoconvocarse cuando lo crea necesario, estableciendo su reglamento interno; discutirá y resolverá las propuestas que surjan en las reuniones.
g) El Delegado de curso Titular que faltare a dos (2) reuniones seguidas sin aviso o haya acumulado cuatro faltas alternadas ( con o sin aviso), cesara en su cargo, siendo asumido por el primer suplente. De volver a ocurrir lo mismo, lo suplantará el segundo suplente. En caso de quedarse el curso sin representación, se deberá volver a votar por un nuevo delegado, o reafirmar a los anteriores. Hasta tanto, el curso no tendrá representaciones en las reuniones de Asambleas.
h) De las Asambleas Extraordinarias: Se podrá convocar a Asamblea Extraordinaria cuando las circunstancias de excepción y urgencia así lo requieran, debiéndose dar la debida publicidad a los temas a tratar, la fecha y hora de la reunión a llevarse a cabo. Su convocatoria podrá ser solicitada al Presidente del Centro de Estudiantes en su carácter de coordinador de la misma, por un número no inferior a la mitad de los miembros de la Asamblea Ordinaria. No se podrán considerar otras cuestiones que las expresamente estipuladas al momento de aprobarse su convocatoria. Las cuestiones que surjan posteriormente al llamado a Asamblea Extraordinaria y las que por su conexidad con las que fueron tenidas en cuenta al momento de su convocatoria, podrán ser incluidas a mérito de la Asamblea mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros de la misma.

De Las Comisiones De Trabajo
ARTÍCULO 9°:
a) La cantidad, denominación y las temáticas propias que abordarán cada una de las Comisiones de Trabajo Permanente serán avaladas y establecidas por la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de acuerdo a la propuesta que efectúe la Asamblea de Representantes.
Dicha propuesta será elevada en oportunidad de celebrarse la primera Reunión Ordinaria de la Asamblea de Representantes debiendo contar con el voto de la mayoría simple.
b) Cada Comisión de Trabajo Permanente estará integrada por todos aquellos alumnos regulares que quieran participar. De entre los estudiantes que las integren se designará un Presidente y un Vice-Presidente, quienes durarán en su mandato un año, pudiendo ser removidos por la mayoría simple de los votos de los miembros de cada Comisión, por incumplimiento de sus funciones específicas.
c) Cada Comisión será atendida por un Relator o Secretario, quien dependerá del presidente de la misma.
d) Las comisiones de trabajo, deberán reunirse en dependencias del establecimiento. Cada comisión tendrá un funcionamiento independiente al de las demás Comisiones, estableciendo sus horarios y días de reunión, la frecuencia, las propuestas a trabajar y las fechas de entrega de los informes.
e) Las reuniones de Comisión serán públicas. Los estudiantes que no sean miembros de una Comisión, podrán asistir a las reuniones y tomar parte de las deliberaciones con voz pero sin voto.
f) Cada Comisión podrá presentar proyectos, los cuales serán puestos a conocimiento y consideración de la Asamblea de Representantes por medio de su Presidente, los cuales pasarán al Orden del día de la reunión siguiente, para el caso de no haberse resuelto su tratamiento por la mitad mas uno de los miembros en la reunión a la que fueron presentados. Asimismo, podrán suspenderse, por mayoría simple de los votos de los miembros presentes, los proyectos incluidos en el Orden del Día de la misma. La inclusión en el Orden del Día de los despachos de las comisiones, se hará observando el orden de cada una de ellas.
g) Los proyectos de comisión, para ser elevados al seno de la Asamblea, deberán contar con el voto de la mayoría de los miembros, pudiendo la minoría realizar despachos en ese sentido. De ser las discrepancias sólo parciales, se deberá consignar en disidencia parcial, planteándose estos puntos en la discusión del proyecto.
h) Serán funciones de los miembros de las Comisiones las siguientes:
Presidente: Representar a la Comisión en el seno de la Asamblea con voz y voto; convocar a reunión de Comisión, coordinar la misma; remitir informes de gestión a la Comisión Directiva; coordinar las tareas a signar con el Relator o Secretario de la Comisión; coordinador reuniones en conjunto con otras comisiones cuando la índole de los temas o las circunstancias así lo requieran.
Vice- Presidente: Secundará en sus funciones al presidente y lo suplirá en caso de ausencia o renuncia del mismo gozando de los mismos deberes y atribuciones.
Relator Secretario: Realizar las gestiones que le encomiende el Presidente, el Vice-Presidente en uso de la Presidencia o cualquier miembro con la anuencia del Presidente o Vice; citar a reunión de Comisión, en la fecha y horarios establecidos o a pedido de su Presidente; redactar los proyectos y resumir los antecedentes de cada proyecto, agregando los antecedentes que hagan a los temas a tratar; llevar un libro de actas de las reuniones asentando las inasistencias de cada uno de los miembros.
i) Para aquellos asuntos que la Asamblea considere necesarios o no estuvieran previstos en este estatuto, se podrá crear una Comisión Especial a ese efecto. Estas Comisiones durarán el tiempo necesario para el fin por el cual fueron creadas y en todos los casos cesarán cuando finalice el período en el que fueron creadas, salvo resolución de la Asamblea en contrario.

j) En caso que un miembro, cualquiera sea el cargo que ocupa, faltare injustificadamente a cinco (5) reuniones consecutivas, podrá ser desplazado de la misma en forma automática. Salvo que a consideración de la mayoría de los miembros, excluído/s aquel o aquellos a los cuales se le imputa la falta, la misma sea considerada justificada de acuerdo a su mérito.

Del Régimen Electoral

ARTÍCULO 10°:
a) Las elecciones se deberán realizar dentro de los dos (2) meses posteriores al receso invernal.
b) Las elecciones se convocarán con un mínimo de veinte (20) días hábiles de anticipación.
c) Se conformarán listas con candidatos para cada uno de los cargos mencionados en el artículo 4° del presente estatuto , que deberán ser avaladas para su oficialización por un número no inferior al quince por ciento (15%) de la matrícula total del establecimiento. Las listas podrán oficializarse hasta diez (10) días hábiles antes del acto eleccionario, presentándose las listas de candidatos, las boletas y las autorizaciones y/o aceptaciones de los candidatos que conforman las listas respectivas.
d) Los alumnos del establecimiento educativo participarán de la elección mediante la emisión de su voto en forma directa, el cual es de carácter secreto. Dicha participación por parte de los alumnos en el acto eleccionario, no será de carácter compulsiva, quedando librada a voluntad y responsabilidad de cada miembro de la comunidad educativa el participar responsable y conscientemente.
e) A los fines de la elección , las autoridades del establecimiento confeccionarán un padrón con los nombres de todos los Estudiantes regulares que estén en condiciones de votar. El mismo deberá ser suministrado al Centro de estudiantes con una antelación mínima de treinta (30) días anteriores a la fecha de celebración del acto eleccionario, debiendo ser colocado en lugar visible y de fácil acceso a fin de que pueda ser consultado por todos los integrantes de la comunidad educativa. Sin perjuicio de ello, el Centro de Estudiantes deberá facilitar al menos una copia del padrón a cada apoderado de las diversas listas oficializadas.
f) Para la confección del padrón, las autoridades del establecimiento educativo, sólo consignarán los siguientes datos: apellido/s y nombre/s completos; tipo y número de documento; año y curso de los alumnos; y la condición de alumnos regulares. En ningún caso podrán consignarse otros datos que los aquí establecidos.
g) Las elecciones deberán ser fiscalizadas por una Junta Electoral, la cuál estará facultada para resolver cualquier situación correspondiente al acto eleccionario que no está debidamente contemplada en el presente Estatuto.
h) La Junta Electoral estará compuesta por:
- Un Presidente, nombrado por los dos (2) tercios de la Asamblea de Representantes, el cuál no podrá
ser candidato.
- Un Vocal, nombrado por los dos (2) tercios de la Asamblea de Representante, el cuál no podrá
ser candidato.
- Dos secretarios, sorteados de la lista de alumnos regulares del Establecimiento. Sin voto.
- Un Fiscal por cada una de las listas oficializadas, los cuales no tendrán voto.
- Un Profesor o directivo perteneciente al establecimiento .
i) Resultará ganadora la lista en cuanto a los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero que obtenga la mayoría simple de los votos válidamente emitidos.
j) Los restantes cargos se distribuirán de la siguiente manera a fin de garantizar la representación de las minorías: 2/3 para la lista ganadora por mayoría y el tercio restante corresponderá a la o las minorías, en forma proporcional a los votos válidamente emitidos, que en cada caso no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) de los mismos. En caso de que ninguna lista obtenga por lo menos el veinte por ciento (20%)de los votos, los representantes serán de aquella lista que mayor cantidad de votos haya obtenido.
k) Los mandatos de los cargos estudiantiles y del Consejero Docente, tendrán una duración de un (1) año, pudiendo ser reelectos hasta dos (2) veces consecutivas, luego de lo cual será necesario el intervalo de un período a fin de volver a presentarse como candidatos a nuevas elecciones.
l) En caso de renuncia del Presidente y Vicepresidente, el Secretario de la Comisión Directiva asumirá provisoriamente la Presidencia del Centro de Estudiantes, debiendo convocar a una Asamblea Extraordinaria dentro de los quince (15) días posteriores de producida la acefalía. Las autoridades, se eligirán por el voto de los miembros presentes de la Asamblea , resultando ganador el que obtenga la mayoría simple de votos. Las autoridades que resulten elegidas, deberán completar el período faltante hasta la próxima elección.

De Los Fiscales de Mesa y Fiscales Generales De Las Agrupaciones Estudiantiles

ARTÍCULO 11°: Las agrupaciones estudiantiles, reconocidas en el establecimiento respectivo y que se presenten a la elección, pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También se podrán designar fiscales generales que tendrán las mismas facultades y estarán habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permitirá la actuación simultánea en una mesa de mas de un fiscal por agrupación estudiantil.

Misión De Los Fiscales

ARTÍCULO 12°: Será la de fiscalizar las operaciones del acto electoral y formalizar los reclamos que estimaren correspondan.

Requisitos para ser Fiscal

ARTÍCULO 13°: Los fiscales o fiscales generales de las agrupaciones estudiantiles, deberán ser alumnos regulares del establecimiento en que pretendan actuar. En ningún caso se admitirá que personas físicas, agrupaciones políticas o estudiantiles, ajenas al establecimiento, que bajo el pretexto de fiscalización del acto eleccionario, ingresen al establecimiento, antes, durante y después del acto aleccionario.

Otorgamiento De Poderes A Los Fiscales

ARTÍCULO 14°: Los poderes de los fiscales y fiscales generales serán otorgados bajo la firma de las autoridades directivas de la agrupación estudiantil a la que representen, y contendrán nombre y apellido completo, número de documento y su firma al pie del mismo.
Estos poderes deberán ser presentados a los presidentes de mesa para su reconocimiento, el día fijado para la elección.
La designación de fiscal general será comunicada a la Junta Electoral, por el apoderado de la agrupación estudiantil, hasta veinticuatro horas antes del acto eleccionario.

Sufragio De Las Autoridades De La Mesa

ARTÍCULO 15°: Los presidentes que deban votar en una mesa distinta a aquella en la que ejercen sus funciones podrán hacerlo en la que tienen a su cargo. Al sufragar en tales condiciones dejarán constancia de la mesa a que pertenecen. Los fiscales podrán votar en las mesas en que actúen aunque no estén inscriptos en ellas. En ese caso se agregará el nombre del votante en la hoja del padrón, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa en que está inscripto. En caso de actuar en mesas de electores de distinto sexo, votarán en la más próxima correspondiente a electores de su mismo sexo.

Obligaciones De Las Autoridades de Mesa

ARTÍCULO 16°: El presidente de la mesa o el suplente deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su misión especial velar por el correcto y normal desarrollo del mismo. Al reemplazarse entre sí, se dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo.

Del Procedimiento A Seguir Antes Del Acto Eleccionario

ARTÍCULO 17°: El presidente de mesa procederá:
1) A recibir la urna, los registros, útiles y demás elementos que le entregue el representante de la Junta Electoral, debiendo firmar recibido de ellos previa verificación .
2) A cerrar la urna poniéndole una faja de papel que no impida la introducción de los sobres de los votantes , que será firmada por el presidente, los suplentes presentes y todos los fiscales.
3) Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna.
Este local tiene que elegirse de modo que quede a la vista de todos y en lugar de fácil acceso.
4) Habilitar otro inmediato al de la mesa, también de fácil acceso, para que los electores ensobren sus boletas en absoluto secreto.
Este recinto, que se denominará cuarto oscuro, no tendrá más de una puerta utilizable, que sea visible
p ara todos, debiéndose cerrar y sellar las demás en presencia de los fiscales de los partidos o de dos
electores, por lo menos, al igual que las ventanas que tuviere, de modo de rodear de las mayores
seguridades el secreto del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto
oscuro y serán firmadas por el presidente y los fiscales de las agrupaciones estudiantiles que quieran
hacerlo.
5) A depositar en el cuarto oscuro los mazos de boletas oficiales de las agrupaciones estudiantiles remitidos por la junta o que le entregaren los fiscales acreditados ante la mesa, confrontando en presencia de éstos cada una de las colecciones de boletas con los modelos que le han sido enviados, asegurándose en esta forma que no hay alteración alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras clases en aquellas.
Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes
ni elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector fuera de las boletas
oficializadas.
6) A poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa uno de los ejemplares del padrón de electores con su firma para que sea consultado por los electores sin dificultad.
7) A verificar la identidad y los poderes de los fiscales de las agrupaciones estudiantiles que hubieren asistido. Aquellos que no se encontraren presentes en el momento de apertura del acto electoral serán reconocidos al tiempo que lleguen.

Apertura Del Acto

ARTÍCULO 18°: Adoptadas todas estas medidas, a la hora señalada, el presidente declarará abierto el acto
electoral y labrará el acta pertinente. La Junta Electoral hará imprimir un formulario de acta de apertura y
cierre del comicio que redactarán a tal efecto.
Será suscripta por el presidente, los suplentes y los fiscales. Si alguno de éstos no estuviere presente, o no
hubiere fiscales nombrados o se negaren a firmar, el presidente consignará tal circunstancia.

De La Emisión Del Sufragio. Procedimiento

ARTÍCULO 19°:Una vez abierto el acto de electores se apersonarán al presidente, por orden de llegada,
exhibiendo su documento cívico.
1) El presidente, así como los fiscales acreditados ante la mesa y que estén inscriptos en la misma, serán, en su orden, los primeros en emitir el voto.
2) Si el presidente no se halla inscripto en la mesa en que actúa, se agregará el nombre del votante en la hoja
del registro haciéndolo constar, así como la mesa en que está registrado.
3) Los fiscales que no estuviesen presentes al abrirse el acto sufragarán a medida que se incorporen a la misma.
Del Escrutinio. Procedimiento. Calificación De Los Sufragios

ARTÍCULO 20°: El presidente del comicio, auxiliado por los suplentes, y ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio ajustándose al siguiente procedimiento:
1) Abrirá la urna, de la que extraerá todos los sobres y los contará confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.
2) Examinará los sobres, separando los que estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados.
3) Practicadas tales operaciones procederá a la apertura de los sobres.
4) Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías.

I. Votos válidos: son los emitidos mediante boleta oficializada, aún cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones (borratina). Si en un sobre aparecieren dos o mas boletas oficializadas correspondientes a la misma agrupación estudiantil y categoría de candidatos, sólo se computará una de ellas destruyéndose las restantes.

II. Votos nulos: son aquellos emitidos:
a) Mediante boleta no oficializada, o con papel de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza;
b) Mediante boleta oficializada que contengan inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del apartado I anterior;
c) Mediante dos o más boletas de distinta agrupación estudiantil para la misma categoría de candidatos;
d) Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachaduras, no contenga, por lo menos sin rotura o tachadura, el nombre de la agrupación estudiantil y la categoría de candidatos a elegir;
e) Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos extraños a ella.

III. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna.
IV. Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta. Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo y lo suscribirá el fiscal cuestionante consignándose aclarado su nombre y apellido, el número de documento cívico, curso y año y agrupación estudiantil a la que pertenezca. Ese voto se anotará en el acta de cierre de comicio como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la junta, que decidirá sobre su validéz o nulidad
El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta Electoral, se hará en igual forma que la prevista en el artículo 20 apartado I.
V. Votos impugnados: en cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por las siguientes pautas: el presidente de la mesa, por propia iniciativa, o a pedido de los fiscales tiene derecho a interrogar al elector sobre las constancias del documento, a fin de acreditar su identidad, las mismas personas también tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio hubiere falseado su identidad. En esta alternativa expondrá concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta firmada por el presidente y el o los impugnantes y tomándose nota sumaria en la columna de observaciones del padrón frente al nombre del elector.

A Tal Fin se observará el siguiente procedimiento

En caso de impugnación el presidente lo hará constar en el sobre correspondiente. De inmediato anotará el nombre, apellido número y clase de documento de identidad, año de nacimiento y curso y año del elector impugnado en el formulario respectivo que será firmado por el presidente y por el o los fiscales impugnantes. Si alguno de éstos se negare, el presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo bajo la firma de alguno o algunos de los electores presentes. Luego colocará este formulario dentro del mencionado sobre, que etregará abierto al estudiante junto con el sobre para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente de verdad de la impugnación, salvo acreditación en contrario. La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importará el desistimiento y anulación de la impugnación; pero bastará que uno solo firme para que subsista. El sobre con el voto del elector, juntamente con el formulario que contenga las referencias ya señaladas, serán colocados en el sobre al que alude inicialmente el primer párrafo de este artículo.

Votos Impugnados. Procedimiento

ARTÍCULO 21°: En el examen de los votos impugnados se procederá de la siguiente manera:
– De los sobres se retirará el formulario previsto en el artículo 20, apartado V, y se enviará a la Junta Electoral para que , después de cotejar los datos con los existentes en la ficha del elector cuyo voto ha sido impugnado, informe sobre la identidad del mismo. Si ésta no resulta probada, el voto no será tenido en cuenta en el cómputo; si resultare probada, el voto será computado. Si el elector hubiere retirado el mencionado formulario su voto se declarará anulado, destruyéndose el sobre que lo contiene. El escrutinio de los sufragios impugnados que fueron declarados válidos se hará reuniendo todos los correspondientes al establecimiento y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada a fin de impedir su individualización por mesa.
ARTICULO 22°: Si la identidad no es impugnada; el presidente entregará al elector un sobre abierto y vacío, firmado en el acto de su puño y letra, y lo invitará a pasar al cuarto oscuro a encerrar su voto en aquél.
Los fiscales de las agrupaciones estudiantiles están facultados para firmar el sobre en la misma cara en que lo hizo el presidente del comicio y deberán asegurarse que el que se va a depositar en la urna es el mismo que le fue entregado al elector. Si así lo resuelven, todos los fiscales de la mesa podrán firmar los sobres, siempre que no se ocasione un retardo manifiesto en la marcha del comicio.
Cuando los fiscales firmen un sobre, estarán obligados a firmar varios a los fines de evitar la identificación del votante. El escrutinio y suma de los votos obtenidos por las agrupaciones estudiantiles se hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar su cometido con facilidad y sin impedimento alguno.
Del Acta de Escrutinio
ARTÍCULO 23°: Concluida la tarea del escrutinio se consignará, en acta impresa al dorso del padrón (“ acta de cierre”), lo siguiente:
a) La hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos impugnados, si los hubiere, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados en el registro de electores; todo ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de los sufragios logrados por cada uno de las respectivas agrupaciones estudiantiles y en cada una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco;
c) El nombre del presidente, los suplentes y fiscales que actuaron en la mesa con mención de los que estuvieron presentes en el acto del escrutinio o las razones de su ausencia. El fiscal que se ausente antes de la clausura del comicio suscribirá una constancia de la hora y motivo del retiro y en caso de negarse a ello se hará constar esta circunstancia firmando otro de los fiscales presentes. Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro;
d) La mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio;
e) La hora de finalización del escrutinio.
Si el espacio del registro electoral destinado a levantar el acta resulta insuficiente se utilizará el formulario
de notas suplementario, que integrará la documentación a enviarse a la Junta Electoral.
Además del acta referida y con los resultados extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un “Certificado de Escrutinio” que será suscripto por el mismo, por los suplentes y los fiscales.
El presidente de mesa extenderá y entregará a los fiscales que lo soliciten un certificado del escrutinio, que deberá ser suscripto por las mismas personas premencionadas.
Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran firmar el o los certificados de escrutinio, se hará constar en los mismos esta circunstancia.
En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos y quiénes los recibieron, así como las circunstancias de quienes no los recibieron.
Fondo Social
ARTÍCULO 24°: Cada Centro de Estudiantes podrá preceder a la apertura de una cuenta bancaria evaluando
el tipo y modalidad de la misma, siempre a la orden conjunta del presidente y Tesorero, si estos fueran
mayores de edad o de los Consejeros docentes y un representante de la Dirección del establecimiento
respectivo, en la entidad financiera autorizada que elijan, con el fin de asegurar los fondos que recauden los
Centros de Estudiantes.

Disolución
ARTÍCULO 25°: Serán causales de disolución del Centro de Estudiantes, las siguientes:
a) El cierre del establecimiento al cual pertenezca.
b) La inobservancia de los fines y objetivos establecidos en el presente estatuto.
c) La utilización de la figura o nombre del Centro de Estudiantes con fines distintos a los tenidos en cuenta por esta reglamentación. Esto sin perjuicio de la responsabilidad que a título personal le pudiera caber a quien/es ejerzan dicha utilización.
La presente es sólo a título ejemplificativo, pudiendo la Asamblea de Representantes, por los dos tercios de los votos de los miembros de la misma, agregar y considerar otras causales de disolución, siempre que no contradigan el espíritu de creación del Centro de Estudiantes.
ARTÍCULO 26°: Los Centros de Estudiantes que por las causas enunciadas anteriormente deban considerarse disueltos, deberán convocar a una Asamblea Disolutoria a los siguientes fines:
1) Consideración del Balance final.
2) Consideración y destino de los fondos que hubieran subsistido del Fondo Social.
3) Comunicación de la resolución liquidatoria a las autoridades del establecimiento y por su intermedio a la autoridad con mayor jerarquía del distrito correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 27°: A los fines de la primera elección a efectuarse cuando la Junta Electoral prevista en el artículo 10, incisos g) y h); no estuviera aún conformada, sus miembros serán designados por única vez, por sorteo de las listas de alumnos regulares y de docentes titulares del establecimiento.
ARTÍCULO 28°: A los fines establecidos en el artículo 10° inciso e), de no existir Centro de Estudiantes, los padrones serán suministrados por las autoridades del establecimiento a los apoderados de las listas oficializadas. Asimismo , al menos un ejemplar del mismo deberá ser exhibido para su consulta en un lugar visible y de fácil acceso, para cumplir con el fin propuesto.

Normativa Derecho del Trabajo

Juventud — 2008-04-15T19:49:52Z

El derecho del trabajo es el conjunto sistemático de normas y de principios que, de acuerdo con la idea social de la justicia, regulan relaciones jurídicas (tanto individuales como colectivas) que nacen a raíz del trabajo subordinado, teniendo su razón de ser en la necesidad de protección social de quienes se hallan en una relación de trabajo dependiente o subordinada con un empleador, siendo el trabajador la parte mas débil del contrato, necesitando una tutela judicial.

Las fuentes que el derecho del trabajo reconoce son:

* Derecho constitucional.
* Leyes ordinarias nacionales y provinciales. Decretos y Resoluciones Administrativas.
* Convenciones Colectivas de Trabajo.
* Jurisprudencia.
* Orden Público Laboral
* Reglamentos Internos. Acuerdos de Empresas.
* Voluntad de las partes.
* Normas de derecho civil de aplicación en el derecho del trabajo.
* Usos y Costumbres.

Entre los principios fundamentales en que está asentado el orden público, se halla en un lugar privilegiado, el de protección del trabajador subordinado, que se expresa mediante normas que suplen la debilidad o insuficiencia de éste para autoprotegerse.
Si bien las normas de orden público restringen la autonomía de las partes, en el ámbito laboral la trasgresión de una norma no genera la nulidad absoluta del contrato, sino que se produce de pleno derecho la sustitución de las cláusulas violatorias, salvo que las mismas o todo el convenio afecten al bienestar general (por. ej. negocios ilícitos o esclavitud)

Principios Generales del Derecho del Trabajo

Los principios son las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídico-laboral, constituyéndose en cimientos de toda la estructura jurídico-normativa laboral. Dichos principios se aplican fundamentalmente en la interpretación que debe realizarse para los casos concretos de conflicto laboral (aplicación de la normativa, interpretación del desarrollo de una relación laboral, etc., etc. …)
Los principios generales son:

1.- Principios Protector, es el fundamental y tiene por finalidad ofrecer un amparo preferentemente al trabajador y se puede expresar en tres formas:

* Principio “Indubio pro operario", que implica que una norma que se pueda entender de varias maneras, debe preferirse la interpretación más favorable al trabajador.

* Regla de la norma más favorable, es la que determina que en caso de que haya más de una norma aplicable a una misma situación se opte por la más beneficiosa para el trabajador.

* Regla de la condición más beneficiosa, ésta supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida, por acuerdo individual, determinando que tal condición debe ser respetada, en la medida que sea más favorable para el trabajador. (art.9de la LCT)

2.- Irrenunciabilidad: este principio consiste en la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concebidas por el derecho laboral en beneficio propio. (art.12 a 15 de la LCT)

3.- Continuación de la Relación Laboral: la tendencia doctrinaria basada en este principio entiende que se le debe atribuir a la relación laboral la más larga duración, desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. (Art. 10 de la LCT).

4.- Primacía de la Realidad: consiste en la primacía de los hechos por sobre las formas, las formalidades o apariencias. En materia laboral importa lo que ocurre en la práctica, más que lo que las partes hayan pactado en forma más o menos solemne o expresa.

5.- Razonabilidad: este principio establece un límite formal y elástico aplicable a aquellas áreas del comportamiento donde la norma no puede prescribir límites muy rígidos, ni en un sentido ni en el otro, y donde ella tampoco puede prever la infinidad de circunstancias posibles. (art. 65 y 66 de la LCT).

6.- Buena Fe: existen dos vertientes, la buena fe-creencia y la buena fe-lealtad. Este principio alcanza tanto al trabajador como al empleador. (art. 63 de la LCT).

7.- Trato igualitario: el trato es desigual cuando se producen discriminaciones arbitrarias, fundadas en razones de sexo, raza, religión, etc. Pero no cuando el tratamiento responde a principios de bien común, como el basado en la mayor eficacia del trabajador o su laboriosidad o contracción de tareas. (art. 17 y 81 de la LCT).

Contrato de Trabajo

El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona física (trabajador) compromete su trabajo personal a favor de otra persona, física o jurídica (empleador), por cuenta y riesgo de esta última, que organiza y dirige la prestación y aprovecha sus beneficios mediante el pago de una retribución.

Este concepto amplio comprende todo tipo de vinculación contractual laboral, aunque no se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo (como los casos de servicio doméstico) y cualesquiera que sean las modalidades de la relación respecto de su duración (por tiempo determinado o indeterminado) o de la frecuencia de las prestaciones (continuas o discontinuas).

Elementos del Contrato de Trabajo

Los elementos del contrato de trabajo son:

Capacidad: donde la edad mínima para el trabajador se establece a los 14 años. Los menores entre 14 y 18 años, son incapaces relativos de hecho, por lo tanto a su voluntad es necesario acompañarla de la autorización de los representantes legales (art. 32 párr. 3 LCT). A partir de los 18 años los menores gozan de plena capacidad laboral. En cuanto al empleador rigen en plenitud las normas de derecho común (civil o comercial, según el caso)

Consentimiento: que es la voluntad de cada una de las partes de realizar el contrato, obligándose a realizar las prestaciones debidas.
Forma, el contrato de trabajo no requiere en general de una forma determinada y muchas veces se celebra verbalmente. La LCT consagra la libertad de formas, salvo en los casos de contratos a plazo fijo o contrato eventual

Objeto: como el contrato de trabajo es bilateral tiene un doble objeto por parte del trabajador, la prestación de servicios, la cual debe hacer en forma personal y debe ser posible, lícita y determinada. Por parte del empleador, el objeto es la remuneración.

Causa: es la finalidad económico-social que cumple el contrato de trabajo, la cual es reconocida por el ordenamiento jurídico.

Sujetos del Contrato

El Trabajador: es la persona física que libremente presta su trabajo personal, bajo la dependencia de otra, por cuenta y riesgo de esta última, a cambio de una remuneración

El Empleador: es una persona física o jurídica que organiza y dirige la prestación del trabajador, beneficiándose con ella, a cambio de una remuneración, al tiempo que asume los riesgos de la explotación.

Intermediario: puede tratarse de contratistas o empresas proveedoras de mano de obra, cuya actividad consiste en contratar por su cuenta a trabajadores para suministrárselos a otras empresas que requieran personal, por lo general con carácter temporario.

Se establece así una relación de carácter triangular, entre el trabajador, el empresario que utiliza y dirige los servicios y el intermediario que contrata al trabajador y paga su remuneración.
Estas empresas no son agencias de colocación (prohibidas por ley 13.591), y deben estar habilitadas por el Ministerio de Trabajo (art. 99 LCT y arts. 77 a 80 de la ley 24.013)

Prueba del Contrato de Trabajo

La LCT adopta el principio de la libertad de pruebas en su art. 50 pues permite la acreditación del contrato de trabajo, por todos los medios autorizados por las leyes procesales.
A su vez el art. 23 establece: "El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven demostrándose lo contrario"

Modalidades de la Relación de Trabajo

La relación laboral comprende distintas modalidades atinentes a la duración y a los sujetos:

En cuanto a la duración: encontramos relaciones de empleo,

* Permanentes

* De duración determinada, que puede ser fijada en,
a) unidades de tiempo (contrato a plazo fijo)
b) o por la naturaleza de los servicios (contrato eventual)

En cuanto a los sujetos: la prestación de servicios del contrato de trabajo puede ser desempeñado por:

* El trabajador individual, el cual debe efectuar la prestación de servicios en forma personal.

* Por un grupo o equipo de trabajadores, es este caso los trabajadores forman un grupo antes de entrar en relación con un empleador (orquestas o grupos de baile), donde la remuneración es común y el empleador no puede modificar unilateralmente la composición del grupo. Aquí la obligación de trabajar se asume colectivamente y en virtud de un solo vínculo jurídico

Modalidades de las Prestaciones

En las relaciones laborales por tiempo indeterminado, las prestaciones principales a cargo de las partes se desarrollan son continuidad y el vínculo jurídico adquiere permanencia y duración.
Sin embargo estas relaciones admiten una sub clasificación:

1.- Según la frecuencia de las prestaciones, se distinguen en:

a) Las relaciones permanentes de cumplimiento continuo

b) Las relaciones permanentes de prestación discontinua, en donde las prestaciones se ven interrumpidas por períodos de receso, mientras que el vínculo permanece, son los llamados contratos por temporada.
A su vez dentro de los contratos de temporada se pueden distinguir dos especies:

i) los típicos o propios, en donde las prestaciones se cumplen durante cierto período del año, al cual sigue un lapso en que la actividad empresaria cesa por completo (zafra azucarera)

ii) los atípicos o impropios, en donde la actividad empresaria se mantiene durante todo el año, pero se incrementa en algunos períodos, en los cuales es necesario aumentar el número de trabajadores (hoteles en zonas turísticas).

2.- Según la duración de la jornada: las prestaciones a cargo de ambas partes se cumplen durante la jornada completa convenida, que generalmente coincide con el máximo de horas fijado por la ley o en el convenio colectivo aplicable. Sin embargo en algunas situaciones, se establecen jornadas sensiblemente menores, lo que se conoce como contrato de media jornada o contrato a tiempo parcial, regulado por la LCT en su art. 92 ter. La remuneración en este caso, no puede ser inferior a la proporcional que corresponda a un trabajador a tiempo completo de la misma categoría o puesto de trabajo. Pero en este caso no se pueden realizar horas extras.

Características particulares de algunas modalidades

Contrato por tiempo indeterminado

La LCT privilegia esta modalidad (art. 90/91), en la cual el contrato dura hasta que el trabajador alcanza la edad y los años de servicio que requieren los regímenes de seguridad social, para acceder al beneficio jubilatorio. No obstante las parten pueden extinguirlo en cualquier momento, con o sin causa justificada, sin perjuicio de las indemnizaciones que en cada caso, establece la ley.

Periodo de Prueba: el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 90 días. Cualquiera de las partes podrán extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin derecho a indemnización alguna con motivo de la extinción.
El período de prueba se regirá por las siguientes reglas:

* un mismo trabajador no podrá ser contratado a prueba, por el mismo empleador, más de una vez.

* el empleador deberá registrar el contrato a prueba en el libro especial del artículo 52 de esta ley o, en su caso, en el previsto por el artículo 84 de la Ley N' 24.467.

* durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que desempeñe, incluidos los derechos sindicales, con las excepciones que se establecen en este artículo.

* el trabajador tendrá derecho durante el período de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo, incluidos los derechos establecidos para el caso de accidente o enfermedad inculpable, con excepción de lo prescripto en el cuarto párrafo del artículo 212 de esta ley.

* si el contrato continuara luego del período de prueba, éste se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. Podrá ampliarse el período de prueba hasta SEIS (6) meses por convenio colectivo debidamente homologado.

Si se dispusiere la extensión convencional del período de prueba deberán realizarse, a partir del segundo mes, todos los aportes y contribuciones legales y convencionales, rigiendo las normas generales en materia de indemnización y preaviso. La disponibilidad colectiva de las indemnizaciones por falta de preaviso y por antigüedad en el despido incausado será de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del régimen general.

Contrato de trabajo a plazo fijo

En este tipo contractual, la LCT establece que el término del mismo deberá estar fijado en forma expresa y por escrito y respondiendo a necesidades objetivas basadas en las modalidades de las tareas o actividades que razonablemente apreciadas, así lo justifiquen. El art. 93 establece como plazo máximo de duración de este tipo de contrato el de 5 años, a fin de evitar el fraude laboral.
Cuando los contratos de este tipo se celebran en forma sucesiva, sin que la modalidad de las tareas o las actividades lo justifiquen, el conjunto de esos contratos sucesivos, se convierte en uno de tiempo indeterminado.

Contrato por tiempo determinado (Ley 24.013)

La ley 24.013 promueve ciertas modalidades de contratación por tiempo determinado, que se configuran bajo las siguientes formas:

1.- Como medida de fomento del empleo: es el celebrado por un empleador y un trabajador inscripto como desempleado en la Red de Servicios de Empleo o que haya dejado de prestar servicios en el sector público por medidas de racionalización administrativa, debiendole exigir el empleador al trabajador la constancia de su inscripción como desempleado, o el certificado de cese de la relación de empleo en el sector público por motivos de racionalización administrativa, según el caso. El plazo mínimo de estos contratos será de seis meses y el máximo no podrá exceder de dieciocho meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis meses como mínimo, no pudiendo ser objeto de éste contrato los puestos de trabajo permanentes que hubieran quedado vacantes durante los últimos seis meses, salvo acuerdo en negociación colectiva o habilitación por la autoridad administrativa del trabajo.

2.- Por lanzamiento de nueva actividad: es el celebrado entre un empleador y un trabajador para la prestación de servicios en un nuevo establecimiento o una nueva línea de producción de un establecimiento preexistente, debiéndose describir en el contrato la nueva línea de producción o nuevo establecimiento que lo sustenta. El plazo mínimo de estos contratos será de seis meses y el máximo no podrá exceder de veinticuatro meses teniendo en cuenta las renovaciones que se produzcan, las que de concertarse serán por períodos de seis meses como mínimo. Cualquiera sea la fecha de celebración de los contratos establecidos bajo esta modalidad, su vigencia cesará a los cuatro años de iniciada la nueva actividad, debiéndose el empleador abstenerse de suspender o despedir colectivamente trabajadores de los antiguos establecimientos o líneas de producción durante el año posterior a la celebración de contrataciones bajo esta modalidad, salvo que la medida se hallare fundada en justa causa. La violación de esta disposición convertirá tales acuerdos en contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

3.- Práctica laboral para jóvenes: es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, con formación previa, en busca de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos, debiendo el contrato especificar la formación acreditada por el trabajador, y las tareas que se obliga a cumplir. El contrato de práctica laboral deberá celebrarse por el termino de un año. Serán requisitos para celebrar estos contratos
* que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilite para esa práctica laboral mediante certificación reconocida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
* que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación.
En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato, que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo, el que deberá ser validado por la autoridad administrativa de aplicación.

4.- Trabajo Formación: es el celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta 24 años de edad, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formación teórico-práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo. El contrato de trabajo-formación tendrá un plazo de duración mínima de cuatro meses y un máximo de dos años.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá formular el plan general de alternancia de formación y trabajo, al que deberán adecuarse estos contratos. El trabajo será realizado en la empresa. La formación podrá realizarse en la empresa cuando ésta cuente con un centro especializado para tal fin; en su defecto quedará a cargo de un organismo de los comprendidos en el Título V Capítulo I de la ley 24.013. Entre un cuarto y la mitad del tiempo de trabajo deberá dedicarse a la formación, proporción que podrá concentrarse o alternarse con la de trabajo efectivo en la empresa. Cuando la empresa cuente con un centro de formación especializado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá verificar antes de la contratación, si es adecuado para proveer la formación laboral correspondiente.
La remuneración del tiempo de trabajo en la empresa estará a cargo del empleador. La remuneración del tiempo empleado en la formación del trabajador estará a cargo del Fondo Nacional de Empleo, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
En todos los casos el empleador extenderá un certificado a la conclusión del contrato que acredite la experiencia adquirida en el puesto de trabajo y la formación recibida por el trabajador, el que será validado por la autoridad administrativa de aplicación.

Estas modalidades se habilitan a través de los convenios colectivos de trabajo. Los contratos deben celebrarse por escrito, los cuales deben ser inscriptos en un Registro especial creado por el art. 31. El número total de trabajadores contratados bajo esta modalidad no puede superar el 30% del plantel total permanente de cada establecimiento.
En caso de no cumplir con los requisitos establecidos por la ley, estos contratos pueden transformarse en de tiempo indeterminado.
No pueden contratar bajo esta modalidad las empresas que hubieran realizado despidos colectivos por cualquier causa en los 12 meses anteriores a la contratación y posteriores a la sanción de la ley (13/11/91) o se hallaren en conflicto colectivo, salvo acuerdo en contrario.

Contrato de Trabajo Eventual

El contrato de trabajo eventual requiere el cumplimiento de dos requisitos:

* que el trabajador sea incorporado para prestar servicios extraordinarios determinados de antemano y/o la contratación se origine en exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento;

* que el contrato sea celebrado por escrito y se establezca en el contrato en forma clara y concreta el servicio extraordinario y/o la exigencia extraordinaria que motiva este tipo de contratación.

El contrato no debe contener un plazo (pues si éste fuese determinado sería preferible utilizar el contrato de trabajo de plazo fijo), pero si debe especificar claramente los motivos extraordinarios que justifican tal modalidad de contratación (y las razones deben poder probarse fácilmente si el trabajador posteriormente discutiera la eventualidad del vínculo). Esta modalidad de contratación puede ser utilizada para cubrir licencias por goce de vacaciones y/o licencias por enfermedad y/o necesidades extraordinarias para reforzar un sector (siempre que no se contrate a trabajadores eventuales para cubrir puestos de trabajo estables).

La Ley de Empleo Nº 24.013 establece algunas disposiciones específicas en materia de contrato de trabajo eventual. Así, dispone que para el caso que el contrato de trabajo eventual tuviera por objeto sustituir transitoriamente trabajadores permanentes de la empresa que gozaran de licencias legales o convencionales o que tuvieran derecho a reserva del puesto por un plazo incierto, en el contrato deberá indicarse el nombre del trabajador reemplazado. Si al reincorporarse el trabajador reemplazado, el trabajador contratado bajo esta modalidad continuare prestando servicios, el contrato se convertirá en uno por tiempo indeterminado. Igual consecuencia tendrá la continuación en la prestación de servicios una vez vencido el plazo de licencia o de reserva del puesto del trabajador reemplazado (art. 69).

Se prohíbe la contratación de trabajadores bajo esta modalidad para sustituir trabajadores que no prestaran servicios normalmente en virtud del ejercicio de medidas legítimas de acción sindical (art. 70). Asimismo, las empresas que hayan producido suspensiones o despidos de trabajadores por falta o disminución de trabajo durante los seis meses anteriores, no podrán ejercer esta modalidad para reemplazar al personal afectado por esas medidas (art. 71).

En los casos que el contrato tenga por objeto atender exigencias extraordinarias del mercado, deberá estarse a lo siguiente:

* en el contrato se consignará con precisión y claridad la causa que lo justifique;

* la duración de la causa que diera origen a estos contratos no podrá exceder de seis meses por año y hasta un máximo de un año en un período de tres años (art. 72).

Contrato de Pasantia

Se entenderá como "pasantía" a la extensión orgánica del sistema educativo en el ámbito de empresas u organismos públicos o privados, en los cuales los alumnos realizarán residencias programadas u otras formas de prácticas supervisadas relacionadas con su formación y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y control de las unidades educativas que lo integran y a las que aquellos pertenecen, según las características y condiciones que se fijan en convenios bilaterales estipulados en la presente ley.
El Ministerio de Cultura y Educación, los máximos organismos de conducción educativa jurisdiccionales, las universidades nacionales públicas o privadas reconocidas y las unidades educativas de nivel terciario no universitario de carácter público o privado reconocidas, que en el marco del artículo 15 inciso d) de la Ley de Educación Superior posean autonomía de gestión o autorización delegada por las autoridades de las cuales depende, estarán habilitadas para celebrar convenios de pasantías con organismos oficiales nacionales, provinciales o municipales, o con empresas públicas, privadas y/o mixtas del sector productivo y/o de servicios que adhieran al sistema cayos respectivos programas específicos mencionados en los artículos 18 y 21 de la ley 24.195 posean objetivos
Las pasantías se extenderán durante un mínimo de dos meses y un máximo de un año, con una actividad semanal no mayor de cinco días en cuyo transcurso el pasante cumplirá jornadas de hasta cuatro horas de labor.
Un presupuesto ineludible para la consideración de un contrato de pasantía es que brinde experiencia práctica complementaria de la formación teórica elegida, que habilite al pasante para el ejercicio de su profesión y lo forme en aspectos que serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral, por lo que si ni se cumple el mismo, no podrá alegarse la relación laboral bajo éste regimen.

Extinción de la relación laboral

La relación laboral, por su propia naturaleza, está destinada a agotarse en el tiempo. La extinción se puede producir por dos tipos de causas de distinta naturaleza, a saber:

* En el primer tipo, el elemento voluntario resulta esencial. Y según los casos se materializa por una resolución, rescisión, revocación, transacción o renuncia de los derechos. Tales actos jurídicos resultan de un acto de voluntad permitido por una estipulación del propio contrato o de la ley.

* En el segundo tipo las causas se fundan en un hecho externo a la voluntad de las partes, que determina la imposibilidad jurídica o fáctica de subsistencia, tales como confusión, caducidad y más precisamente, la fuerza mayor.

Clasificación de los modos de extinción

Se produce generalmente una doble clasificación:

1.- Conforme a la naturaleza jurídica de la causa que la determina, puede ser:

a) Extinción por voluntad de ambas partes
* Rescisión o mutuo disenso
* Vencimiento de cierto plazo
* Cumplimiento de condición

b) Extinción por voluntad de una de las partes
* Extinción sin invocación de causa
* Despido ad natum
* Renuncia o dimisión
* Extinción fundada en el incumplimiento de la parte
* Despido con justa causa
* Despido indirecto

2.- Extinción fundada en causas no vinculadas a la voluntad de las Partes

a) Por causas que afectan al empleador
* Fuerza mayor
* Falta o disminución de trabajo
* Quiebra o concurso

b) Por causas que afectan al trabajador
* Incapacidad absoluta
* Inhabilitación
* Jubilación ordinaria
* Muerte

De acuerdo con los efectos indemnizatorios que tienen en el derecho positivo, son

1.- No generan indemnización
* Rescisión o mutuo disenso
* Vencimiento de plazo cierto (menos de 1 año)
* Cumplimiento de condición (contratos eventuales)
* Despido con justa causa o disciplinario
* Despido por jubilación ordinaria

2.- Indemnización reducida
* Vencimiento de plazo cierto
* Renuncia de la trabajadora al término de la licencia por maternidad
* Despido por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo
* Despido por muerte o concurso
* Muerte del empleador
* Inhabilitación del trabajador
* Muerte del trabajador

3.- Indemnización completa
* Despido ad natum o sin causa
* Despido indirecto
* Despido por incapacidad absoluta

4.- Indemnizaciones agravadas
* Despido por maternidad
* Despido por matrimonio
* Despido durante la licencia por enfermedad
* Despido de representantes sindicales

Obligaciones vinculadas con la extinción

Obligaciones del Empleador:

En principio le corresponderá al empleador el cumplimiento en tiempo propio de las siguientes obligaciones:

* Pago de Haberes y otros beneficios pendientes: el empleador debe pagar al trabajador su remuneración hasta el día de la extinción, más los adicionales que correspondan, como las asignaciones familiares, la porción del SAC y otros beneficios (premios, horas extras, comisiones, participación de las utilidades) aun cuando no sea el tiempo normal de su liquidación

* Pago de las obligaciones de indemnización: si la causal en la que se funda la extinción prevé tal pago, éste corre por cuenta del empleador. Además en los casos de despido incausado, corresponde en pago por falta de preaviso más la del despido. También el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice por la porción de vacaciones no gozadas.

* Certificados de Trabajo: el empleador deberá entregar, de oficio, el certificado que contempla en art. 80 LCT, con destino al sistema de seguridad social y a pedido del propio trabajador otro destinado a acreditar los servicios ante futuros empleadores.

* Efectos y Documentos del trabajador: por último el empleador reintegrará al trabajador los efectos en poder de la empresa y de propiedad del dependiente. Asimismo deberá devolverle los documentos que conservara en su poder como libreta de ahorro, del fondo de desempleo o similares.

Obligaciones del Trabajador:

* Recibos de dinero y efectos: el trabajador debe suscribir los recibos por las sumas de dinero y efectos que se le entreguen.

* Obligaciones indemnizatorias: si el trabajador ha resuelto el contrato de trabajo sin haber otorgado en preaviso, debe al empleador la correspondiente indemnización que deberá poner a disposición de éste sin que pueda ser compensada con los créditos a su favor.

* Devolución de documentos y elementos: de propiedad del empleador

* Rendición de Cuentas: cuando el trabajador ha tenido a su cargo la administración de negocios del empleador, deberá presentar la correspondiente rendición de cuentas, al menos que el propio empleador lo exima de tal obligación.

* Obligación de guardar reserva: si bien las obligaciones que se derivan de la relación laboral cesan para ambas partes con la extinción del contrato de trabajo, ciertos deberes de conducta trascienden en el tiempo. Así por ejemplo, el trabajador queda obligado a guardar secreto o reserva cuando haya tenido acceso a información, cuya divulgación pueda entrañar un perjuicio para el empleador.

Extinción por voluntad de ambas partes

El acto jurídico rescisorio se forma con la expresión conjunta de ambas voluntades libremente expresadas, tendientes a dejar sin efecto para el futuro el contrato de trabajo celebrado. La manifestación de la voluntad se puede formar:

* De manera expresa, en cuyo caso se exige bajo pena de nulidad una serie de formalidades (art 241 LCT), como ser mediante escritura notarial o por acto público ante la autoridad administrativa o judicial del trabajo, y siempre contando personalmente con el trabajador no pudiendo ser representado por apoderado.

* De manera tácita, en cuyo caso la voluntad de las partes se debe traducir en un modo de comportamiento recíproco concluyente e inequívoco.
El acto rescisorio, en principio no general obligación de carácter indemnizatorio

Extinción sin invocación de causa

Tanto el despido sin causa, como la dimisión del trabajador, son actos jurídicos unilaterales, por los cuales una de las partes ejerce las facultades resolutorias que le son propias, extinguiendo el vínculo laboral que lo unía a la otra parte, sin expresión formal de causa.
Cuando la extinción se produce por denuncia del empleador nos enfrentamos a un despido sin causa o ad nutum (desnudo) y cuando la denuncia es formulada por el trabajador, nos hallamos ante una dimisión o renuncia al empleo.
La ley con el objeto de disuadir el ejercicio antifuncional de este derecho por parte del empleador, ha impuesto un complejo sistema indemnizatorio.

Despido sin causa

En nuestro sistema, el empleador dispone de una facultad subjetiva para resolver sin causa la relación laboral en cualquier momento.
Como contrapartida la ley le impone dos obligaciones:

* Una de hacer, que consiste en la obligación de preavisar el despido al trabajador, a fin de que la resolución no tenga carácter intempestivo y posibilite buscar una nueva ocupación

* Otra obligación de dar, en este caso una suma de dinero que marca la ley o la convención colectiva, por el solo hecho de haber denunciado sin expresión de causa el contrato de trabajo, la que en principio comprende la totalidad de los perjuicios materiales y morales que, por el hecho de la denuncia sufre el trabajador.

El Preaviso:

Consiste en la comunicación anticipada de la voluntad de resolver el vínculo contractual. La obligación se debe ejecutar de buena fe con las formalidades y en los plazos que establece la ley o el convenio colectivo.
Según el art.235 LCT la notificación del preaviso deberá probarse por escrito, debe cursarse en forma personal, mediante un medio gráfico adecuado (telegrama, carta documento, etc) durante un plazo que pueda comenzar a correr a partir del último día del mes calendario en que se la cursa.
Durante el plazo del preaviso, subsisten las obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, a fin de que el trabajador pueda disponer de tiempo para la búsqueda de un nuevo empleo, tiene derecho a una licencia diaria de dos horas, que podrá acumular al principio o al fin de cada jornada o en una o más jornadas (art. 237 LCT).

El empleador, puede relevar al trabajador de su deber de trabajar, pagándole los salarios correspondientes al período.

En los contratos por tiempo indeterminado, y salvo un pacto mayor el preaviso debe darse con la siguiente anticipación:

* Por el trabajador, quince días

* Por el empleador

* quince días cuerdo el trabajador se encontrase en periodo de prueba

* un mes, cuando la antigüedad del dependiente es menor de cinco años

* de dos meses cuando es mayor de cinco años.

Como la finalidad del preaviso tiende a que el trabajador busque una nueva ocupación, su notificación durante una suspensión con goce de haberes (enfermedad, accidente de trabajo, vacaciones, etc) resulta nula, salvo que sea otorgado a partir del momento en que cesará la suspensión. En tal supuesto, reintegrado el trabajador, empieza a correr el plazo de uno o dos meses.
El incumplimiento del preaviso determina una indemnización sustitutiva, equivalente a los salarios que habría percibido el trabajador durante el lapso del preaviso omitido. (art. 232 LCT).

Indemnización:

Según el art. 245, en los casos de despido del empleador sin justa causa, corresponderá al trabajador una indemnización, llamada por antigüedad o despido, equivalente a un mes de salario por año de servicio o fracción mayor a tres meses.

La base de la remuneración que se toma para calcular la indemnización, no podrá exceder de tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo, aplicable a la actividad en que se desempeña el trabajador, al momento del despido por la jornada legal, excluidas las sobreasignaciones por antigüedad.
El cálculo de la indemnización del art. 245 se realiza en función de dos elementos, a saber:

* el mejor salario del trabajador, con el tope indemnizatorio impuesto por la ley 24.013

* su antigüedad al momento del distracto (en ningún caso al antigüedad podrá ser inferior a dos meses como tope)

A los fines de determinar la remuneración mensual computable, se deberán considerar todos los rubros salariales que por su naturaleza tienen carácter normal y habitual. En caso de remuneración variable se deberá tomar en cuenta el período más favorable, sin que pueda realizarse ningún tipo de promedio.
A los fines de determinar la antigüedad, se debe tomar los años trabajados y las fracciones mayores de tres meses.

Programa de Primer Empleo y Formación

Juventud — 2007-11-10T15:41:00Z

CONSIDERACIONES: El presente Programa tiene por objetivo los jóvenes comprendidos entre los 18 años y 30 años de edad, que se encuentren desocupados y carentes de formación educativa.

Este Programa está dirigido al sector de mayor riesgo de la sociedad: que es la Juventud. No sólo a los jóvenes que se encuentren en circunstancias de pobreza crítica, desempleo o indefensión con vulnerabilidad manifiesta de sus derechos humanos, sino también a los que se han capacitado a través de una formación educativa o estudiantes y se encuentran carentes de trabajo.

Frente a un Estado que en los últimos 30 años ha demostrado un retroceso en su rol protector de los derechos del ciudadano, que se acentúo en la década de los noventa, aplicando políticas que desarticularon y destruyeron el aparato productivo, una activa participación frente al arrollador avance de las privatizaciones y la especulación del capital financiero y golondrina, que como resultado produjo una gran desocupación, empobreció y desprotegió a la mayor parte de la población en general, y a los jóvenes en particular.

Un Estado que se ha deteriorado, carente de programas y propuestas de integración y fomento de los jóvenes al trabajo y su desarrollo educacional, mostrando un escenario de inequidad, atraso y fragmentación en el aprovechamiento integral de los recursos humanos.

Conocido es el hecho que a los jóvenes que buscan trabajo se los rechace, si no han tenido un trabajo anterior, por lo que el sector empresarial ha catalogado como “ Falta de experiencia “.

Esta situación generalizada de desempleo entre los jóvenes no es responsabilidad de ellos sino que se da dentro de un marco estructural, creado y profundizado como consecuencia de la aplicación de políticas de precarización laboral vigentes.

En la actualidad, el 26,3 % de los jóvenes argentinos se encuentra hoy desocupado. Según el Ministerio de Trabajo son 718.000 jóvenes que no encuentran trabajo (INDEC de 9/2006).

El informe sobre desempleo marca que la desocupación golpea con más fuerza a los jóvenes y que “la probabilidad de los jóvenes de estar desempleados es tres veces mayor, mientras que entre los adolescentes es cuatro veces superior a la de los adultos”.

El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más vulnerables, y en especial los menos educados; 550.000 jóvenes entre 14 y 18 años desertaron de la escuela secundaria. El grupo más vulnerable lo constituyen los 320.000 jóvenes de 15 a 24 años que no trabaja, no busca trabajo, ni estudia. Este sector no integra la legión de desocupados (porque no busca trabajo).

Por lo que este Programa de Primer Empleo y Formación apunta a ser una política de empleo de carácter universal, que cumpla con condiciones dignas, protección legal y seguridad social, garantizándole al joven esa “experiencia” en el campo laboral. Es vital que los jóvenes obtengan los conocimientos necesarios para comenzar su vida laboral.

Es por lo que se torna imprescindible que todos lo miembros de la sociedad asuman un deber solidario, mancomunadamente con el Estado, y puedan generar políticas de empleo y participación a los jóvenes conforme es el objetivo del presente Programa.

El Programa de Primer Empleo y Formación debe ser un instrumento fundamental que servirá al joven como medio de inclusión en el mercado laboral. Además se capacitará, aprendiendo y desarrollando tareas en el trabajo, y como parte de su educación deberá terminar sus estudios, sean primarios, secundarios, y si es necesario cursos de capacitación en arte u oficio.

El Programa de Primer Empleo y Formación, posibilitará la integración activa de los jóvenes al proceso de desarrollo del país, mejorara su fuerza de trabajo y beneficiara a la sociedad en su conjunto

El Programa de Primer Empleo, debe ser parte de su formación como sujeto de derecho, por lo tanto debe ser valorado como tal, aplicándose las disposiciones de la LCT, el Derecho Comparado, el Convenio Colectivo de Trabajo, las Recomendaciones de la OIT, la Libertad y la Democracia Sindical.

El Programa, establecerá un Seguro de Empleo y Formación para los jóvenes desocupados, que estén capacitándose mientras no se incorporen a un empleo. Que contara con un sistema de cobertura medico asistencial. Este tendrá como objetivo mejorar el nivel de ingreso del joven y el cuidado de su salud. Como así también, esta prestación servirá como tiempo efectivo y como aporte para su futura jubilación

El Programa de Primer Empleo y Formación, conjuntamente con el Seguro de Empleo y Formación le dará un impulso al ingreso económico y cultural del joven trabajador, que le permitirá afrontar los gastos personales y le ayudará a proseguir sus estudios, sacándolos del estancamiento, la marginalidad y la frustración. Generándole nuevos escenarios, nuevas expectativas de vida.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES:

Art. 1: El Estado deberá crear, fomentar y aplicar políticas para el Programa de Primer Empleo y Formación, dirigidas a trabajadores y trabajadoras jóvenes, junto a la capacitación y formación profesional de los mismos.

Art. 2: El presente Programa, comprende a trabajadores y trabajadoras jóvenes que tengan entre 18 años y 30 años, previamente registrados, quienes tengan o no-experiencia previa laboral; gozando de plena libertad para elegir y/o aceptar un trabajo

Art.3:. La promoción del Programa de Primer Empleo y Formación, tiene como objetivo que los jóvenes desocupados y en riesgo de vulnerabilidad social, se inserten en el mercado de trabajo productivo y completen su formación educativa, primaria, secundaria, terciaria y/o universitaria

Art. 4: Se deberá promover el pleno empleo a través de programas, normas y técnicas encaminadas a una ocupación plena y productiva, con la obligatoriedad por parte del trabajador de asistencia a centros de capacitación para la culminación de sus estudios.

Art. 5: Se creará un Registro Nacional para el Programa de Primer Empleo y Formación, que estará a cargo de una representación del Ministerio de Trabajo de la Nación, otra de los representantes de las empresas públicas, privadas y mixtas; y otra de las centrales sindicales.

Art. 6: Se fomentará el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas del trabajador joven, respetando las iniciativas, aptitudes y aspiraciones del mismo.

Art. 7: El objetivo de este Programa es promover valores culturales de vida y de trabajo. Otorgarle conocimiento en determinado oficio, arte o profesión, para que luego tenga libertad de elegir su futuro

Art 8: El Estado a través del Ministerio de Trabajo y de sus organismos de control establecerán los medios pertinentes para que los jóvenes cumplan con los objetivos de formación, capacitación y educación

Art.9: Se deberá respetar en las contrataciones la equidad de género (50% y 50%), así como de acuerdo a la realidad nacional, provincial o zonal todo lo concerniente a raza y/o etnia, salvo en aquellos casos donde se demuestre que es absolutamente imposible.

Art. 10: El estado deberá garantizar a los jóvenes pertenecientes a los Pueblos Originarios, el derecho a un proceso educativo propio y a la integración laboral productiva.

Art.11: El Estado promoverá y estimulará el Programa de Primer Empleo y Formación a través de campañas publicitarias para la concientización entre la sociedad y las empresas, quienes contribuirán solidariamente a generar oportunidades de participación y desarrollo de este programa.

CAPITULO II
INSTRUMENTACION.

Art. 12: Este Programa sé efectivizará a través de un contrato de trabajo con la modalidad de empleo y formación. Tendrá un plazo determinado, cuya duración será de cuatro años. Que puede convertirse en contrato indeterminado, de acuerdo al desarrollo y crecimiento de la empresa.

Art. 13: Este contrato proporcionará estabilidad en el empleo, capacitación y educación por el tiempo que durase la relación de trabajo. Será de aplicabilidad al caso la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20744), y el Convenio Colectivo de Trabajo de la rama respectiva.

Art.14: El contrato se celebrará por escrito y deberá especificar el contenido de su creación, precisando el carácter formativo e instructivo del joven en el trabajo, facilitándole un horario necesario para que pueda completar su educación, siendo ésta de carácter gratuita y obligatoria.

Art. 15: El trabajador y la trabajadora joven, sujeto de una relación de trabajo denominada Programa de Primer Empleo y Formación, tendrá un régimen especial, de 6 (seis) horas diarias; y 36 (treinta y seis) horas semanales, lo que permitirá así concurrir a su centro de estudios.

Art.16: El trabajador joven para ser incorporado al Programa de Primer Empleo y Formación deberá completar una planilla con sus datos personales que se realizará de manera voluntaria por parte de aquél, donde se incluya toda la información necesaria para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos de este programa.

Art.17: Los datos solicitados cumplirán con la finalidad de ser registrados con el objetivo de publicar y gestionar ofertas de empleo, gestionar cursos de capacitación o tramitar la culminación de sus estudios en un centro de instrucción pública.

Art.18: Se creara un Seguro de Empleo y Formación para el joven trabajador, que se haya registrado según art.16 y art. 17 de este Programa. Ello le asegurará un salario MVM (Mínimo Vital y Móvil). Cada beneficiario lo percibirá durante 12 meses. Que podrá ser renovable si no ha sido empleado y por consiguiente continúe con sus estudios.

Art. 19: Este seguro tiene como finalidad que el joven perciba un ingreso, mientras se gestiona su incorporación a un empleo, garantizando la concurrencia a los centros de estudio, culminando su educación formal o su participación en cursos de capacitación que ayuden a su futura reinserción laboral.

Art. 19 bis: El Seguro de Empleo y Formación, le garantizará una cobertura medico asistencial, tanto al joven como a su grupo familiar, en caso de que este sea jefe de familia. El propósito de este seguro debe ser integral, que contemple la inserción económica, su formación educativa, y la atención de su salud. Servirá también como tiempo efectivo y como aporte para la jubilación dentro del sistema de reparto, sin opción de cambio, durante el período que sea beneficiario del seguro.

Art. 20: Este Seguro de Empleo y Formación no será percibido por aquel que este cobrando un subsidio.

Art. 20 bis: El joven que perciba un subsidio, y desea ser beneficiario del Seguro de Empleo y Formación, deberá dar de baja el subsidio. El requisito para acceder, es comprometerse a terminar los estudios y/o capacitarse en cursos de formación, como así lo establece el programa

Art. 21: Los jóvenes que hayan prestado servicio en una empresa, al término del contrato de Primer Empleo tendrán prioridad para ocupar cargos vacantes en esas mismas empresas.

Si así no fuere, tendrán derecho al Seguro de Empleo y Formación, mientras sean menores de 30 años.

Art. 22: Una vez finalizado el tiempo de contratación, y cumpliendo, con el deber de preavisar por parte de la empresa. Aquella que lo omitiere, se entenderá que acepta la conversión del mismo como de plazo indeterminado. El joven trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la prevista en art. 245 de la LCT.

Art. 22 bis: A partir del cese de la relación laboral, tiene sesenta días (60) para inscribirse, como desempleado del Programa de Primer Empleo, lo que le dará derecho a tener una nueva oportunidad de empleo dentro del programa, o a percibir el Seguro de Empleo y Formación. Obligándose a seguir capacitándose en un oficio o/a proseguir con sus estudios.

Art. 23: En los otros casos de extinción del contrato de marras, se aplicarán los Arts. 240 y S.S. de la LCT. ( Ley 20.744 y modificaciones).

CAPITULO III.
APLICACIÓN.

Art. 24: Las empresas interesadas en la participación y desarrollo de este Programa de Primer Empleo y Formación, deberán registrarse en el área que determinará el Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y centrales de trabajadores de la forma que acuerden.

Art. 24 bis: Las empresas, podrán contratar jóvenes del Programa de Primer Empleo, siempre que no hayan despedido personal anterior a su contratación

Art. 25: El Estado ofrecerá incentivos a las empresas que contraten a los trabajadores que estén incluidos en el Programa de Primer Empleo y Formación, de acuerdo según los casos y consultado previamente a las centrales de trabajadores.

Art. 26: Este incentivo será por una sola y única vez; y estará dirigida a aquellas empresas que adopten y cumplan políticas de desarrollo económico, particularmente las industrias, pequeños y medianos emprendimientos, Pymes, cooperativas, empresas recuperadas.

Art. 27: A estos fines el Estado implementará políticas, con los siguientes beneficios:

a) Formación profesional gratuita, en los centros de educación.

a)Asistencia técnica, y orientación profesional.

b)Contribución directa a las empresas. Por incremento de su personal a través de contrataciones del Programa de Primer Empleo y Formación, mediante créditos, o subsidios de acuerdo a su situación financiera, según último balance.

c)Ayuda a nuevas empresas que contraten a jóvenes del Programa.

d)Ayuda a los jóvenes trabajadores en caso de movilidad geográfica y traslado al lugar de trabajo. El mismo se implementará por medio de un boleto de transporte similar al de los alumnos secundarios, o mediante un Pase Libre.

e)Entrega del material didáctico necesario.

Art. 28: Las empresas darán la formación necesaria al joven trabajador para que éste pueda cumplir eficazmente con su labor.

En las PyMEs, está contemplado en el art. 96, ley 24467 que establece que “ La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos”.

Art. 28 bis: Las empresas privadas que sean beneficiarias o reciban por parte del Estado: subsidios, créditos, donaciones, condonaciones y beneficios; deberán dar su apoyo al Programa de Primer Empleo y Formación, previsto en esta ley, generando puestos de trabajo, de acuerdo a su crecimiento y necesidad.

Art. 29: El Ministerio de Trabajo, con la colaboración activa de las empresas y organizaciones sindicales, controlarán que el trabajador cumpla con su formación educativa a través de una libreta de asistencia por parte del establecimiento educativo.

Art. 30: El Ministerio de Trabajo y Centrales sindicales arbitrará los medios necesarios a fin de cumplir con un estricto seguimiento y control de este Programa.

Hugo A. Reyner, Abogado Laboral.

Encuentro de formación de la Juventud de la CTA

Juventud — 2007-09-17T19:22:00Z

Bajo el título “Jóvenes, negociación colectiva y Paritaria Social”, la Juventud de la CTA realizó el 15 y 16 de este mes un encuentro de formación. La sede nacional de la Central recibió a 21 representantes de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

La bienvenida estuvo a cargo del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien dijo que “la Paritaria Social debe ser la herramienta que nos permita integrar a la militancia de los barrios, fábricas, sindicatos, universidades, en un proceso dinámico, permanente y de lucha del campo popular”.

Luego, Pablo Reyner, director de Juventud, habló de la necesidad de que los jóvenes “sean protagonistas” y explicitó “la deuda que la Central tenía con el Sur argentino y que por fin se veía hecha realidad en este encuentro”.

Acto seguido, saludó y dio la bienvenida el secretario General se la CTA, Hugo Yasky, rescatando la importancia de este encuentro y dando su total apoyo a la Paritaria Social juvenil. Asimismo rescató el protagonismo que tendrá la juventud en esta lucha, “como fue protagonista la generación de jóvenes de los '70, que se caracterizaba por ser aguerrida, multitudinaria, y llena de sueños”

Por su parte Pablo Macia, recordó e hizo la propuesta de que el encuentro llevara como presidentes honorarios a los compañeros/as caídos en lo que se denominó “La noche de los lápices” y al maestro asesinado Carlos Fuentealba, por la lucha en defensa de una patria justa, libre y soberana.

Ya entrado el domingo 16, se fue puliendo cada ves más la idea de comenzar por el territorio propio y a la par construir país con una mejor distribución de la riqueza sin dejar de lado el contexto latinoamericano, la cual favorece para generar una relación de fuerzas correspondiente para disputar empleo genuino y distribución de la riqueza tanto a nivel nacional como así también a los grandes grupos económicos internacionales, los cuales muchos vienen del imperio, quienes exprimen al trabajador.

No es casual que todos los compañeros coincidan dado que la Patagonia siempre ha sido una región donde se han instalado estos capitalistas, la historia da fe de ello, desde la Patagonia trágica hasta el asesinato de Víctor Choque.

Con la iniciativa de fortalecer para construir un país mejor y sabiendo que el capital acumulado no sirve sino se reparte, finalizó el encuentro que fue propicio para la discución y el intercambio de experiencias entre la militancia juvenil cteatista.